GRUPO AVILA: Ante el fraudulento llamado a una Asamblea Nacional Constituyente

Ante el fraudulento llamado a una Asamblea Nacional Constituyente

 

La Constitución Nacional vigente establece que la iniciativa de consultar al pueblo sobre la conveniencia de realizar una Asamblea Nacional Constituyente corresponde al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a los Concejos Municipales y a los electores. Establece asimismo que el depositario del poder constituyente originario es el pueblo de Venezuela, en ejercicio del cual puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Nueva Constitución. La Constitución vigente señala también que la soberanía nacional reside intransferiblemente en el pueblo y que este la ejerce, entre otras formas, mediante el sufragio en elecciones libres, universales, directas y secretas. En consecuencia, la pretendida convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que no esté sujeta a la aprobación previa del soberano y que además no respete el principio fundamental de toda elección democrática: “una persona un voto”, no solo es inaceptable, sino que constituye un acto fraudulento, evidentemente desesperado y con aviesas intenciones.

El creciente y generalizado rechazo popular al régimen y su desprestigio internacional lo colocan cada vez más ante la disyuntiva de continuar aparentando, que existe algún respeto por algún vestigio de institucionalidad democrática o abandonar todo recato y dar definitivamente al traste con la ilusión de un estado de derecho que dejó efectivamente de existir hace mucho tiempo para convertirse en una dictadura.

El desacato a la voluntad popular mayoritaria expresada en las pasadas elecciones parlamentarias, la inobservancia de la obligación de convocar y celebrar unas elecciones de gobernadores previstas constitucionalmente, la negación del derecho ciudadano de revocar a sus mandatarios mediante subterfugios de diversa naturaleza, la sistemática calificación de la protesta ciudadana como delito, la persistencia de un creciente número de presos políticos y exiliados, el desacato a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de compromisos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, y más recientemente la insólita denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, configuran un comportamiento inaceptable dentro de la comunidad civilizada de naciones que avanza hacia un creciente respeto por los derechos humanos y mayores libertades, en el marco de una institucionalidad que ha sido voluntaria y universalmente aceptada por las naciones democráticas.

Los llamados de la comunidad internacional a resolver las diferencias de manera civilizada, mediante elecciones, continúan siendo desoídos. Paralelamente a la compleja situación económica y financiera en la que se ha sumido al país, que experimenta cuatro años en recesión económica, la inflación más alta del planeta y un retroceso a niveles de pobreza superados, persiste una inseguridad personal que se traduce en miles de víctimas anuales, en medio de una impunidad casi total. La ausencia de independencia de los diferentes poderes públicos, elemento esencial de la democracia, y el recurso a la utilización de bandas paramilitares para amedrentar y atacar a ciudadanos inermes, ha suscitado reiteradas condenas de parlamentos de distintas naciones, de grupos de ex presidentes y jefes de estado, de personalidades de todo orden, y hasta sanciones de esquemas de integración regional. Desde hace más de un año, la mayoría de los países de  la OEA mantienen un seguimiento permanente sobre el comportamiento autoritario y anti democrático del régimen, en atención a su obligación de defender la democracia en el hemisferio.

En medio de ese intrincado escenario, el régimen persiste en mostrar el más absoluto desdén por los principios democráticos, en su afán por aferrarse al poder cualquier costo, en menosprecio de la opinión popular y de la creciente exigencia de respetar la Constitución vigente y de contarse en las urnas electorales como única salida a la crisis actual. Ante la protesta ciudadana generalizada por las penurias que atraviesa, el régimen recurre ahora a la argucia de llamar a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito no parece ser otro que el de evadir sus responsabilidades, enfrascar al país en un debate sin sentido y seguir ganando tiempo, evitar elecciones que sabe de antemano perdidas, y tratar de impedir la necesaria rendición de cuentas ante la justicia nacional e internacional.

En vista de las anteriores consideraciones, hacemos un nuevo llamado a la comunidad democrática  internacional, en especial a los gobiernos democráticos del hemisferio reunidos en el seno de la OEA y a los países miembros de la Unión Europa, a conjugar esfuerzos y a actuar con la mayor premura para lograr allanar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela, antes de que la violencia escale y tengamos que lamentar sus impredecibles consecuencias.

Caracas,  5 de mayo de 2017

El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

 

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