CARTA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, DE ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR Y CECILIA SOSA GÓMEZ.

Caracas,02 de  mayo de 2017

 

 

Excelentísimo Señor

Luis Almagro

Secretario General de la Organización

de los Estados Americanos (OEA)

Washington

 

“La ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos.”

(Preámbulo de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789)

 Nosotros, Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 2.935.735 y 2.455.372, ambos con domicilio en Caracas, Venezuela, con correos electrónicos cecisosagomez@gmail.com y duquedeprado@gmail.com, en nuestra condición de venezolanos, abogados, ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, y miembros dela Organización No Gubernamental Bloque Constitucional de Venezuela, como habitantes de un país, parte de un pueblo que conforma un Estado de esa organización, la República Bolivariana de Venezuela, nos dirigimos, por su intermedio,  a esa Organización y a todos los Estados que integran, en la oportunidad de denunciar la incompetencia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para realizar la denuncia del tratado de creación de la OEA e iniciar el procedimiento para el retiro del país de la mencionada organización, por cuanto viola el ordenamiento jurídico interno de cumplimiento inexorable para la validez de la formación de la voluntad del Estado en materia de tratados internacionales.

En tal sentido, pedimos respetuosamente se solicite la intervención del órgano de asesoría jurídica de la Institución a los fines de constatar, en concreto, que la pertenencia de Venezuela a la OEA es materia de rango constitucional y carecen los poderes constituidos de competencia para modificar esta situación, y, en general, que la denuncia de tratados internacionales requiere la aprobación del Poder Legislativo, mediante pronunciamiento expreso de la Asamblea Nacional, el cual no se ha producido en el presente caso.

1.- INTERÉS LEGÍTIMO Y DIRECTO

Liminar: La OEA es una organización de Estados, y por ende, de sus pueblos, no una organización de gobiernos o mandatarios.

 Tenemos el derecho como venezolanos, habitantes de un país, la República Bolivariana de Venezuela, a dirigirnos por su intermedio, a la Organización y a todos los Estados que la integran, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos(CADH) para formalmente denunciar que la notificación realizada mediante la entrega de la carta efectuada a su persona por la embajadora interina Carmen Luisa Velásquez en fecha 28 de abril de 2017, mediante la cual informa a la Secretaría de la OEA la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a tenor del artículo 143 del referido tratado, carece de validez, visto que violenta los requerimientos del derecho interno, en este caso, normas constitucionales previas, para considerar válida tal notificación y dado que además con ella estaría el Presidente venezolano y esa Organización si omite considerar estas circunstancias, produciendo una reforma al texto constitucional vigente aprobado por el pueblo soberano de Venezuela, dado que más que hacer cesar los efectos internacionales del tratado se modificaría la vinculación constitucional con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL DERECHO INTERNO DE VENEZUELA EN LA RATIFICACIÓN Y DENUNCIA DE LOS TRATADOS

 

2.1. La incompetencia del Presidente para denunciar la Carta de la OEA por la constitucionalización del Tratado Liminar: El orden jerárquico normativo en un Estado de Derecho se basa en la supremacía de la Constitución que impide a los poderes constituidos contrariar sus disposiciones.

De acuerdo al ordenamiento interno constitucional venezolano, el Presidente de la República carece de competencia para sustraer al país de la aplicación de la Carta de la Organización de Estados Americanos, dado que dicho Tratado forma parte del Sistema Constitucional venezolano.

La incorporación de la Carta de la OEA al ordenamiento constitucional fue la decisión del constituyente para evitar, precisamente, una regresión del sistema de tutela de los derechos humanos, al impedir a los poderes constituidos, incluido el gobierno de turno,  la posibilidad de eliminar con un acto de gobierno simple, los “derechos, garantías, y su protección” alcanzadas por el cambio constitucional de 1999, propuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobado por el poder originario del pueblo, por votación directa de todos los ciudadanos.

Ello así, ninguno de los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo o judicial, ciudadano o electoral) tiene competencia para dar por terminado este instrumento normativo, que por virtud del Poder Constituyente, ha sido incorporado al ordenamiento constitucional del Estado.

Conforme a los artículos 2, 19, 22, 29 23, 30, 31, 339 constitucional, los Tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República para el 15 de diciembre de 1999, fecha del referendo aprobatorio de la Constitución vigente, forman parte del sistema constitucional de protección de los derechos humanos de los venezolanos, y por ende mal pueden los órganos del Poder Público constituido renunciar a esta obligación mediante la denuncia de los acuerdos que a ello la obligan.

Téngase en cuenta que en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 339 expresamente los contempla como parte del ordenamiento constitucional, al señalar que el Decreto que declare un estado de excepción “cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, constituye orgánicamente el texto fundamental que contiene la manifestación de la razón, propósito, garantías y creación de los órganos de protección a los derechos humanos en el Continente Americano.En sus bases de independencia, en la igualdad en el derecho; en la democracia representativa de los poderes electos por el pueblo como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en el Continente Americano, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Así esta integración del sistema de protección, en el Capítulo XV La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 106 de la Carta establece que “ Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.

Resulta  inconcebible siquiera considerar, por violar los derechos mas prístinos, de acuerdo a la Constitución que rige para Venezuela, que un órgano del poder constituido del Estado venezolano, sea el poder ejecutivo nacional mediante un acto de gobierno; o el poder Judicial por medio de una sentencia, inclusive el poder legislativo mediante ley,puedan desconocereste tratado que preserva la democracia y protege los derechos humanos puesto que ya forma parte  de la Constitución, y el Estado está en este sentido limitado en el orden internacional.

De acuerdo al ordenamiento interno del Estado venezolano, el cual debe ser respetado en el ámbito internacional, la Carta de la OEA sólo puede ser desconocida por el Poder Constituyente, pues ella quien conforme al derecho interno tiene la competencia para hacerlo.

De acuerdo a lo expuesto, no tiene el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ni ninguno de los órganos de sus Poderes Constituidos, competencia para abrogar ninguna de las normas de protección de los derechos humanos contenida en Tratados suscritos y ratificados por Venezuela, y de allí que la denuncia efectuada constituye un mecanismo no efectivo para la renuncia del país a este acuerdo internacional.

Y es sólo a través de la constituyente que el pueblo de Venezuela puede decidir esta denuncia, porque también le está vedada la vía del referendo abrogatorio en esta materia. Así, la Constitución de la República, expresamente prohíbe la abrogación por REFERENDO (voto directo del pueblo) de cualquier ley o tratado Internacional “que protejan, garanticen o desarrolle los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.” Así expresamente lo señala el texto constitucional en los siguientes términos:

Artículo 74. “Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral 0 por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

El Poder Constituyente está representado por la voluntad de los ciudadanos expresada por el ejercicio de la soberanía directa mediante el voto directo y secreto a través de los diversos tipos de referendo consagrados en la Constitución, uno de ellos es el referendo abrogatorio.

Si el Poder Constituyente tiene una prohibición expresa para solicitar y autorizar la abrogación de leyes y tratados sobre los derechos humanos, como consecuencia de ellos podemos afirmar que sus representantes por órgano de poder público, tiene la misma prohibición de abrogación.

No estamos frente a un conflicto de normas por alguna contradicción lógica, por el contrario estamos frente a una prohibición total y hermética de abrogar leyes y tratados, porque la protección a los derechos humanos conforme a la Constitución de Venezuela es absoluta.

El único mecanismo capaz de autorizar la desincorporación de los derechos humanos y su sistema de protección internacional en Venezuela es un cambio constitucional efectuado por el Poder Constituyente, única instancia que tiene competencia para decidir las modificaciones al sistema de garantías, protecciones y reconocimiento de los derechos humanos.

La democracia para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es parte importante del preámbulo cuando declara que el fin supremo de la República es una sociedad democrática, participativa y protagónica, que asegure la convivencia y el imperio de la ley, logre igualdad sin discriminación alguna y una patria libre entre otros fundamentos de la nacionalidad.

 Igualmente la democracia constituye (artículo 2) un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación, de la Venezuela que se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

En este contexto la democracia en que se funda la República se tipifica en el artículo 326 constitucional cuando establece los principios de seguridad de la Nación, la referida norma expresa:

“La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional…” (resaltado nuestro)

Así entre las innovaciones de la Constitución de 1999 además de las dedicadas a la protección de los derechos y a velar por el cumplimiento y el apego irrestricto a los mismos, se encuentra la constitucionalización de todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos al incorporarlos al derecho interno de manera expresa, con el objetivo de impedir, precisamente, que los órganos del poder constituido pudieran mediante

decisiones políticas, disminuir la protección del sistema democrático y de la protección que en esa materia y de los derechos humanos de los venezolanos.

Es decir que pasó al poder constituyente la competencia para modificar el estatus de la República Bolivariana de Venezuela como estado signatario y obligado a cumplir con las disposiciones que aseguren la democracia y con ello los derechos humanos, cambiando la naturaleza de un acto derivado no de la ley sino de la propia Constitución.

Las normas constitucionales demuestran que la competencia en materia del valor superior de la democracia y de los derechos humanos corresponden al Poder Constituyente y por ende no son de la competencia de ninguno de los Poderes constituidos en la República Bolivariana de Venezuela.

En tal virtud, la denuncia del tratado realizada en forma unilateral por Nicolás Maduro Moros no puede ser admitido como mecanismo válido para que el Estado venezolano sea relevado de sus obligaciones conforme a dicha Carta de la OEA, como insistimos tampoco podía hacerse cuando se denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque todo forma parte de un sistema interno de protección.

Le solicitamos por tanto que la efectividad de la denuncia inconstitucionalmente planteada por el Presiente Nicolás Maduro Moros, al margen del Estado de Derecho que lo rige, sea revisada por la Secretaría de la OEA, en conocimiento de los países miembros, pues es objetivamente constatable que el órgano que la efectuó, el presidente de la república, carece de la competencia para hacerlo.

2.2. Incompetencia del Presidente para denunciar un Tratado sin la aprobación de Poder legislativo

 Liminar: El paralelismo de las formas impone que el acto que modifica uno anterior sólo pueda ser dictado por el mismo órgano y de acuerdo al mismo procedimiento que los del acto original. La incorporación a la OEA depende de la firma y ratificación “de conformidad con los respectivos procedimientos constitucionales, por tanto su denuncia, si ella fuere permitida por el ordenamiento interno, que no lo es,también habría de cumplirlos”(Art

idad de dictartiritudlos podres constitudido, incluido el gobierno de turno, nalvigente ículos 139 y 143 de la Carta de la OEA).

 Aun cuando como hemos señalado en el caso particular de la Carta de la OEA y demás tratados de protección de los derechos humanos, los poderes constituidos carecen todos de competencia para su denuncia, por la mencionada constitucionalización, es lo cierto que de acuerdo al ordenamiento constitucional venezolano las decisiones relativas a la suscripción de los tratados internacionales requieren la aprobación del órgano parlamentario. Ello así, el presidente no tiene competencia para realizar la denuncia de un tratado internacional sin la anuencia del poder legislativo.

De acuerdo con los artículos 140 y 139 de la Carta de la OEA su vigencia está supeditada a la ratificación por parte de los Estados signatarios y tal ratificación está a su vez  sujeta a los “respectivos procedimientos constitucionales.”

La denuncia del tratado está permitida por el artículo 143 pero sujeta a un trámite, el transcurso de dos años y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Carta (artículo 143).Así como la ratificación se sujeta al cumplimiento del ordenamiento interno, la denuncia ha de estar supeditada al mismo requisito, y por ende la competencia de los ordenamientos internos prevalece para que la voluntad estatal sea capaz de producir el efecto manifestado.

De esta forma, hemos de insistir, sería tan ineficiente la notificación de denuncia realizada por un funcionario del gobierno, como la efectuada por el órgano parlamentario o la decidida por una sentencia de un tribunal nacional. La denuncia del tratado, si ella fuera posible, que no lo es en el caso de la Carta de la OEA, requiere en Venezuela el acto del Presidente de la República y la aprobación de la Asamblea Nacional, la cual en este caso no se ha producido.

En el Título V dedicado a establecer cómo se organiza el Poder Público Nacional, el artículo 236 numeral 4 determina las atribuciones y obligaciones del presidente de la República entre las cuales está: “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.”

De acuerdo al Artículo 154 Constitucional, es principio general queLos tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República…”, así la denuncia de un tratado debe, en virtud del principio de paralelismo contar con el mismo requisito.

La Constitución de la República no otorga competencia expresa al Presidente para denunciar tratado alguno como lo ha pretendido hacer Nicolás Maduro Moros con la Carta de la OEA, y como  antes lo pretendió  Hugo Chávez cuando denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Denuncia

Igualmente nula y de la cual se presentó oportunamente (carta de fecha 04 de octubre de 2013) ante la OEA las razones de la nulidad, de la cual nunca se obtuvo respuesta); así al no sujetar su actuación a la Constitución y haber usurpado la autoridad que en esta materia corresponde al pueblo en una democracia participativa como la consagrada en la Constitución venezolana, esta pretendida denuncia de la Carta no tiene valor jurídico alguno.

De manera que la efectividad de la denuncia debe ser objetada por la Secretaría de la OEA, en conocimiento de los países miembros, pues es objetivamente constatable que el órgano que la efectuó carece de la competencia para hacerlo.

 

PETICIÓN

Ciudadano Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, por esta vía le solicitamos someta, previa la revisión legal del tema por parte de la asesoría jurídica de la Organización, a la consideración de los Estados miembros de la Organización la discusión acerca de la validez del acto de denuncia de la Carta que rige la organización, realizada mediante carta por Nicolás Maduro Moros, quien la firma, fechada  27 de abril de 2017 y que, constatada como sea la ausencia de una norma de competencia que autorice al funcionario a efectuarla, se declare inválida y por ende inefectiva, y así se pronuncie este Organismo Internacional a favor de sus objetivos fundamentales de protección de la Democracia y de los Derechos Humanos y en el respeto de las normas del Derecho Internacional que con el acto de denuncia pretenden ser vulnerados.

Para el supuesto negado de que este Organismo abdique en su competencia, como es la obligación de hacer cumplir el ordenamiento jurídico internacional que le compete, solicitamos que se aplique la Convención de Viena sobre los Tratados, y constatado como sea que la denuncia efectuada por el incompetente funcionario venezolano se fundamenta en supuestos incumplimientos de la Carta de la O.E.A., se cumpla el procedimiento previsto, y no se ampare ni permita que el Gobierno de Venezuela utilice inadecuadamente la norma del articulo  143 de la Carta a favor de los intereses políticos  del gobierno prevalentes al momento de la denuncia, por sobre la protección de su pueblo, de la democracia y de los derechos humanos que justifican y son la razón de ser de la Carta.

CECILIA SOSA GÓMEZ

ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR

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