Las Academias Nacionales exponen su posición en relación a los decretos N° 2.830 y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 2017, dictados por el presidente de la República,

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      LA CONVOCATORIA PRESIDENCIAL A UNA ASAMBLEA NACIONAL

      CONSTITUYENTE ES UN FRAUDE A LA DEMOCRACIA.

      Las Academias Nacionales exponen su posición en relación a los decretos N° 2.830

      y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 2017, dictados por el presidente de la República,

      mediante los cuales pretende convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

      para que proceda “a decidir el futuro de la patria” y crea una comisión

      presidencial para que elabore una propuesta de bases comiciales y de

      conformación y funcionamiento de dicha Asamblea.

      Sobre todo ello, las Academias Nacionales declaran lo siguiente:

      1.- De conformidad con el artículo 347 de la Constitución, le corresponde de

      manera exclusiva al pueblo venezolano la convocatoria de una Asamblea Nacional

      Constituyente. Es solo mediante el voto universal, directo, secreto y libre, através

      de un referendo consultivo, que los ciudadanos pueden decidir sobre dicha

      convocatoria. En esa misma oportunidad debe el pueblo aprobar las bases

      comiciales que rijan la organización, funcionamiento y límites de la Constituyente.

      2.- El proceso constituyente tiene una naturaleza compleja desarrollada en cuatro

      etapas que involucran el ejercicio de la soberanía, a saber, (1) la convocatoria,

      competencia exclusiva del pueblo por ser el titular de la soberanía; (2) la elección

      de los constituyentes que en apego a lo estipulado en la bases comiciales

      previamente aprobadas deberán elaborar el nuevo texto constitucional;

      (3) las

      deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo el mandato de los

      electores; y

      (4) la aprobación o rechazo del pueblo, mediante votaciones libres,

      universales, directas y secretas, del texto fundamental elaborado por la Asamblea

      Nacional Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos puede arrebatar al

      pueblo el ejercicio directo de la soberanía que, de acuerdo a la Constitución, solo a

      este se atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 5: “La soberanía reside

      intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista

      en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los

      órganos que ejercen el Poder Público”.

    •  3.- Como lo expresa la Exposición de Motivos del texto constitucional vigente, la

    incorporación de la facultad de convocar la Constituyente por el pueblo es
    consecuente “con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder
    constituyente originario.” La incorporación del artículo 348 se hizo precisamente
    para normar la convocatoria al Poder Constituyente por el pueblo “sin acudir a la
    interpretación, que produjo esta Constitución”. Se califica la atribución de esta
    convocatoria al pueblo en la referida Exposición de Motivos como “expresiva de la
    más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular.”
    Por ello, el presidente de la República solo puede tomar la iniciativa para convocar
    la Constituyente mediante referendo consultivo. En virtud de ello, el decreto 2.830
    al convocar directamente la Constituyente usurpa la soberanía popular, viola de
    manera flagrante, directa e inmediata lo establecido en la Constitución y
    constituye, por ende, un fraude a la democracia.
    4.- No solo el presidente de la República, sino también la Asamblea Nacional, los
    concejos municipales y los propios ciudadanos (un 15% de los electores inscritos en
    el Registro Civil y Electoral) tienen iniciativa para proponerle al pueblo la
    realización de una Constituyente (artículo 348 de la Constitución), pero solo el
    pueblo, mediante referendo, puede decidir si la convoca.
    5.- Destacamos la grave violación constitucional en la que incurre también el
    Consejo Nacional Electoral, que a través de su presidenta, ha iniciado el trámite de
    la solicitud formulada por el presidente de la República através de lasvías de
    hecho, de forma inmediata, sin la debida deliberación del organismo y en violación
    directa y flagrante de los artículos 292 y siguientes de la Constitución vigente.
    Reiteran las Academias que el Consejo Nacional Electoral, como ente rector del
    Poder Electoral y de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, debe actuar
    basado en los principios de independencia orgánica e imparcialidad, en obsequio
    siempre de la participación ciudadana y en defensa de la voluntad del pueblo, que
    se expresa a través del voto. Contrariamente a lo ocurrido, el Consejo Nacional
    Electoral, para proteger y preservar la voluntad del pueblo, ha debido advertirle al
    presidente de la República que su iniciativa debe ser sometida a referendo
    consultivo en aras de no usurpar la soberanía popular.
    6.- Las Academia Nacionales consideran que el desafío actual de los venezolanos
    no es cambiar la Constitución sino rescatar la democracia, hacer cumplir la constitución vigente y restablecer el orden constitucional y el Estado de derecho vulnerado.

    Por lo anterior, las Academias Nacionales emiten este pronunciamiento conjunto

    con la intención de orientar a la opinión pública venezolana:

    I.– Los decretos presidenciales 2830 y 2831, de fecha 1° de mayo de 2017, no están
    acordes a nuestra Constitución y son un fraude a la misma porque la propuesta de
    convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de la manera como está
    contenida en esos decretos, usurpa la soberanía del pueblo y los derechos
    fundamentales de los ciudadanos.
    II– . La pretensión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir
    los extremos legales puede interpretarse como una maniobra para eliminar todos
    los poderes actuales de la República. Parecería que la finalidad es instaurar un
    estado antidemocrático, omnipotente y exclusivo, cambiando para ello el orden
    democrático de nuestra actual Constitución.
    III.– Solicitamos a los órganos del Poder Público Nacional, a los que corresponde
    velar por la vigencia y supremacía de la Constitución, pronunciarse sobre el
    necesario restablecimiento del orden constitucional y democrático.
    IV.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral que actúe con plena independencia y
    en consecuencia, rechace, niegue y se oponga, en protección de la soberanía
    popular, al intento del presidente de la República de convocar una Asamblea
    Constituyente en usurpación de la soberanía popular, esto es, sin cumplir con lo
    dispuesto en el artículo 347 de la Constitución.
    V.– Alertamos a la comunidad internacional y a sus diversas organizaciones para
    que continúen su cooperación orientada al restablecimiento del orden
    constitucional y democrático en Venezuela.
    En Caracas, a los seis días del mes de mayo de 2017
    Horacio Biord Castillo
    Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
    Inés Quintero Montiel
    Directora de la Academia Nacional de la Historia
    Gabriel Ruán

    Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

    Alfredo Díaz Bruzual

    Presidente de la Academia Nacional de Medicina

    Gioconda Cunto de San Blas

    Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

    Humberto García Larralde

    Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas

    Gonzalo Morales

    Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

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