Justicia fascista: Entre la destrucción y falsificación de la legalidad; por Ramón Escovar León

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Justicia fascista: Entre la destrucción y falsificación de la legalidad

 por Ramón Escovar León

 23 de mayo, 2017

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 Uno de los juristas determinantes en la consolidación de la dictadura de Mussolini fue Alfredo Rocco, ministro de Justicia en el año 1925, cerebro jurídico responsable de la legislación autoritaria que fulminó las libertades en Italia entre 1925 y 1928. También tuvo aciertos jurídicos que trascendieron el fascismo como fue la elaboración del Código Penal de 1931 (el Codice Rocco). Mussolini se ocupó de someter vulgarmente al Poder Judicial, al punto de que podía dictar decisiones judiciales desde una ventana de la Plaza Venecia cuando arengaba a sus camisas negras. En este escenario, podía decretar la detención de algún enemigo político, lo que bastaba para que un juez servil plasmara en sentencia esa arbitraria decisión del dictador. Todo esto aparece reseñado en Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, editado por Luigi Laccè (Roma, Donzelli Editore, 2015). Se trata de una obra que recoge una ristra de ensayos sobre el sistema jurídico del fascismo italiano, y cuya lectura recomiendo para examinar referentes a la situación venezolana.

 En la presentación de la obra, el editor reflexiona sobre el tema de la justicia y la represión para destacar la relación siniestra entre ellas. Cabe destacar el papel que jugó Alfredo Rocco en el diseño de la justicia con fines políticos basada en la represión. La calidad intelectual de Rocco está fuera de discusión, tal como se evidencia en su obra escrita, entre las que destacan La sentencia civil, una obra canónica sobre el tema, y su Derecho Procesal Civil en tres tomos. Los abogados de mi generación usamos sus libros para estudiar Derecho Procesal, siempre en el entendido de que algunos de los juristas más destacados de la época brindaron sus talentos para apoyar a Mussolini, y que en sus enseñanzas había elementos fascistas envueltos en ropaje jurídico.

 Lo que sucede con Rocco y el sistema jurídico del fascismo es equivalente a lo que aconteció con otro jurista de genio: Carl Schmitt, algunas de cuyas ideas tuve oportunidad de analizar en El Nacional (https://tinyurl.com/n85xxpz). Este teórico del constitucionalismo alemán llegó a decir: “El Führer protege el derecho de su peor abuso cuando, en el instante de peligro y por obra de su liderazgo, como supremo señor de los tribunales crea derecho de modo inmediato”. Schmitt fue el autor de una vasta obra, entre las cuales se pueden mencionar la Teoría de la Constitución y el Concepto de lo político, pero su mente brillante no solo sirvió para escribir elevada teoría jurídica sino para levantar las vigas maestras que sostendrían el sistema jurídico nazi, al concebir, a partir del orden constitucional, un Estado fuerte que centralizara el control de todo el andamiaje institucional.

 Rocco aportó teoría jurídica para consolidar el Estado fascista y Schmitt hizo lo propio en el nazismo. Pero la inspiración teórica no es suficiente, pues es necesario montar la plataforma que, con una falsa formalidad, permite la represión y la violación de los derechos humanos. Esto se hizo con la ayuda de las camisas negras (Italia) y de las camisas pardas (Alemania) que actuaban como brigadas-de-choque con violencia e impunidad. El jurista Alfredo Rocco sostuvo la tesis de que el régimen político debía apoyarse en la justicia; y que el fascismo requería el fortalecimiento del Estado, por lo que se basó en el binomio Derecho Penal/represión. Para el logro de los objetivos eran necesarios los verdugos; de allí que, el fascismo y el nazismo tengan que echarle mano al Poder Judicial para someterlo. Surgió así lo que Ingo Müller denominó “los juristas del horror”: juristas serviles y dispuestos a convertir la voluntad del dictador en decisiones judiciales. El asunto, sin embargo, requirió que ese Estado fuerte, el “guardián de la noche”, vigilara a sus jueces, los controlara, los espiara y conociera en detalle sus debilidades para doblegarlos. De esta manera, el fascismo y el nazismo, al momento de escoger a sus jueces, se inclinaban por los débiles, susceptibles al chantaje cuando fuese necesario. Para entender esto en su cabal dimensión, la obra antes reseñada ofrece abundante material.

 Señala Luigi Laccè que en el fascismo el “sintagma ‘Estado totalitario ’comprende un amplio y complejo campo semántico”, en el cual caben muchos términos. En dicho campo ocupan -hay que añadir- un lugar estelar las palabras represión, tortura, arbitrariedad, militarismo, protesta, criminalización, populismo, corrupción y otras de significados equivalentes. En este marco teórico se crea el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, que sirve, como deux ex machina, para defender el proyecto totalitario fascista que confecciona veredictos a la medida de Mussolini. Por eso un procesalista italiano de la época, Giuseppe Chiovenda, sostuvo que “la sentencia es la concreción de la voluntad abstracta de la ley”; es decir, la sentencia es la concreción de la voluntad del Duce. Esta definición, en mi opinión, se trasladó a Venezuela y ha contribuido a la deformación del concepto de sentencia. El fascismo tuvo mucha influencia sobre el Código Penal italiano de 1931 y el Código Procesal Civil de 1940 al reafirmar la autoridad del Estado; influencia que se trasladó al sistema venezolano, lo que autorizaría a sostener que tenemos códigos que llevan el sello del autoritarismo.

 Otro gran procesalista fue el florentino Piero Calamandrei -uno de los inspiradores de la Constitución italiana de 1948-,quien distinguió el nazismo del fascismo, pues el primero “ha destruido la legalidad”; mientras que el segundo “ha preferido falsificarla”. Lo que no imaginó el maestro florentino es que más adelante en la historia mundial habría un régimen populista latinoamericano que haría las dos cosas: destruir la legalidad y, subsidiariamente, falsificarla.

 La combinación de los efectos nefastos del nazismo con el fascismo jurídico parecía algo impensable hasta que llegamos a la experiencia de los sistemas militaristas latinoamericanos, en los cuales se utiliza el Poder Judicial para criminalizar la protestas y encarcelar a los enemigos políticos, sin guardar las apariencias, ni los miramientos en formalidades. En ese contexto, se entiende la frase divulgada por Benito Mussolini y que constituye el sustento teórico del fascismo: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado” (esta frase, sin embargo, es de Giovanni Gentile de la escuela de los hegelianos italianos). Ese Estado, según el “pensamiento” de Mussolini, era siempre reconocido como un Estado de justicia -la justicia fascista- que en su versión populista militarista es el Estado de justicia socialista, que solo garantiza represión y miseria.

Luego del colapso del fascismo y del nazismo, sus jueces fueron enjuiciados en procesos en los cuales pudieron ejercer el derecho a la defensa. Así suelen terminar las dictaduras, debido a sus falsificaciones al ordenamiento jurídico y a las transgresiones a la dignidad humana. Superadas las experiencias totalitarias, Alemania e Italia recuperaron la independencia de la magistratura judicial. Una sociedad sin jueces independientes no puede garantizar la libertad y los derechos humanos.

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