ALLAN-RANDOLPH BREWER-CARIAS: LAS INCONSTITUCIONALES “BASES COMICIALES” DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SIN COMICIOS, USURPANDO LA VOLUNTAD POPULAR Y VIOLANDO EL DERECHO DEL PUEBLO A ELEGIR

Allan Brewer Carias

160. LA ESQUIZOFRENIA CONSTITUIYENTE: INCONSTITUCIONALES “BASES COMICIALES,” DECRETADAS SIN COMICIOS, USURPANDO LA VOLUN-TAD POPULAR Y VIOLANDO EL DERECHO DEL PUEBLO A ELEGIR RE-PRESENTANTES POR VOTACIÓN UNIVERSAL, New York 29 mayo, 2017.

LA ESQUIZOFRENIA CONSTITUYENTE: LAS INCONSTITUCIONALES “BASES COMICIALES” DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SIN COMICIOS, USURPANDO LA VOLUNTAD POPULAR Y VIOLANDO EL DERECHO DEL PUEBLO A ELEGIR REPRESENTANTES POR VOTACIÓN UNIVERSAL.

por: Allan-Randolph Brewer-Carías

En la Gaceta Oficial Nº 41.156 del 23 de mayo de 2017, apareció publicado el Decreto No. 2.878 de la misma fecha, mediante el cual el Presidente de la República, inconstitucionalmente estableció “las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente,” la cual fue convocada igualmente en forma inconstitucional mediante Decreto n° 2.830 de 1 de mayo de 2017, Gaceta Oficial No. 6.295 Extra, de la misma fecha. 1 Conforme al artículo 347 de la Constitución ambas decisiones solo pueden ser adoptas por el pueblo directamente, manifestando su voluntad mediante referendo, como depositario de la soberanía popular y único y exclusivo titular del poder constituyente originario. La magnitud de la inconstitucional decisión, que es un nuevo golpe de Estado que raya en la esquizofrenia,2 la pretende encubrir el Presidente informando a los venezolanos, que el decreto lo dictó, no con base en atribuciones que no tiene, sino simplemente “con la bendición de Dios Todopoderoso,” como si esto fuese una teocracia, pero sin informarles a los simples mortales ciudadanos cómo, cuándo y en qué forma habría recibido ese mensaje divino de respaldo de Dios para avalar el fraude al pueblo y a la Constitución que pretende cometer.

1 Por ello, decreto No. 2830 fue impugnado de por inconstitucionalidad. Véase, entre otros, Rafael Badell Madrid, “Acción popular de nulidad por inconstitucionalidad contra los Decretos N° 2.830 y 2.831 de fecha 1° de mayo de 2017,” en http://www.badellgrau.com/?pag=230&ct=2175

2 Como lo observó Eduardo Semtei, “el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente Maduro en contra de la opinión del 85% del país es cuando menos una locura. Una provocación infinita. Una burla total.” Véase Eduardo Semtei, “Dictadura del siglo XXI o las maldades constituyentes,” en Runrunes, 29 de mayo de 2017, en http://runrun.es/opinion/311561/dictadura-del-siglo-xxi-o-las-maldades-constituyentes-poreduardo-semtei.html 2 Y más grave aún, cuando anuncia en el decreto, el Presidente solo, que con la supuesta “bendición de Dios” procede a convocar una Asamblea Constituyente para imponerles a los venezolanos “la construcción del socialismo” que ya el pueblo rechazó mediante referendo en 2007, y además, en nada menos, que para “la refundación de la Nación venezolana.” Ni siquiera para volver a fundar el Estado, que hubiese sido excesivo, sino para refundar a la propia Nación, como si la misma fuera algo de él solo, manipulable, ignorando por tanto qué es en efecto una “Nación.” El decreto, en todo caso, es inconstitucional por las razones siguientes:

I LA USURPACIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA En primer lugar, porque el Presidente carece absolutamente de atribuciones constitucionales para dictar dicho decreto convocando una Asamblea Nacional Constituyente y para dictar unas “bases comiciales” para la misma, habiendo usurpado, al dictarlo, la soberanía y el poder constituyente originario del pueblo, del cual solo es depositario (art. 347 C.), siendo dicho decreto por tanto nulo e ineficaz por usurpación (art. 138 C.). La burla a la Constitución para dictar el decreto, se manifiesta en las normas que cita para fundamentarlo como supuesta “base constitucional.” En primer lugar, cita los numerales 1 y 2 del artículo 236 de la Constitución, que solo le dan competencia al Presidente para “cumplir la Constitución y las leyes” (no para violarlas) y “ejercer la acción de gobierno,” (no para desmantelar al Estado), los cuales por supuesto no lo autorizan a convocar Asamblea Constituyente alguna. En segundo lugar cita los artículos 5 y 22 de la Constitución, en los cuales lo que se establece es que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo que es quien la ejerce (lo que precisamente el Presidente ha usurpado), y que las personas tienen derechos que le son “inherentes a la persona humana” cuando no estén expresamente declarados, como es el derecho a la Constitución, a la democracia y a la soberanía (los cuales precisamente se violan con el decreto en cuestión.). Luego en forma evidentemente contradictoria, el Decreto invoca como ejemplo “el proceso popular constituyente,” de 1999, “para que nuestro pueblo, como Poder Constituyente Originario, exprese su férrea voluntad” pero precisamente para negarle al pueblo que ejerza dicho poder constituyente originario que el Presidente usurpa para precisamente evitar que exprese su voluntad.

3 En el decreto se citan a continuación supuestas “facultades” que los artículos 347, 348 y 70 de la Constitución conferirían al Presidente, lo que es falso, pues en dichas normas lo único que se le asigna al Presidente, junto a otras instancias, es la legitimación para tener la “iniciativa” para que se proceda a convocar al pueblo para que sea éste el que decida sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y nada más. Se trata de normas que no lo autorizan para usurpar la voluntad popular y para convocar una Constituyente sin que el pueblo lo haya decidido. El Presidente, sin embargo, fundamentándose en las referidas normas, decretó contradictoriamente y supuestamente “convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo de Venezuela manifieste su férrea voluntad,” pero precisamente quitándole al pueblo la posibilidad de que se manifieste, lo que solo podría hacer mediante una votación en referendo que el decreto le niega. Esta contradicción se evidencia en el título mismo del Decreto, en el cual supuestamente se establecen las “bases comiciales para la Asamblea Constituyente” pero negando toda forma de comicios. Comicios en castellano es elección o votación, de manera que no puede haber bases comiciales sin que se sometan a votación para que el pueblo las apruebe o no, de manera que sean conforme a dichas bases comiciales – aprobadas por el pueblo -, que posteriormente se proceda a elegir los representantes del pueblo que deben integrar la Asamblea Constituyente. No es cierto, por tanto, como se indica en el Decreto, que el Presidente tenga en forma alguna conforme a la Constitución, la “calidad de “convocante” de la Asamblea Nacional Constituyente que solo el pueblo puede convocar; y menos cierto es que pueda pretender como lo ha hecho, dictar las “bases comiciales” que se niega a someter a comicios, para imponerle a los venezolanos las reglas de “conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente,” contrariamente a lo que se expresa en el decreto, sin garantizar la “participación directa y democrática” del pueblo que conforme a la Constitución solo es posible en este caso mediante referendo.

II LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DEL PUEBLO DE ELEGIR SUS REPRESENTANTES MEDIANTE VOTO UNIVERSAL PARA QUE REPRESENTEN A LA UNIVERSALIDAD DEL PUEBLO El principio más universal del constitucionalismo moderno es el republicanismo que busca garantizar que el pueblo ejerza su soberanía en 4 forma directa (mediante referendo, por ejemplo) o en forma indirecta mediante representantes, que es precisamente lo que garantiza el artículo 5 de la Constitución. Ello implica que en absolutamente todos los cuerpos representativos del pueblo en la estructura del Estado que se establecen en la Constitución (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales y Asamblea Nacional Constituyente) la elección de representantes siempre tiene que ser mediante votación universal, directa y secreta (arts. 5 y 63 C.); de forma tal que en las mismas se asegure la representación de la totalidad del pueblo, como globalidad, estando proscrita toda otra forma de elección que solo permita la representación de algún sector o sectores de la población o de algunos territorios, en perjuicio de la representatividad universal. Cualquier forma de representación sectorial en órganos representativos del Estado está, por tanto, proscrita en la Constitución; e igualmente, cualquier forma de representación territorial en cuerpos representativos nacionales también está absolutamente proscrita. La única excepción constitucional al principio de la universalidad permitiendo una forma de representación sectorial es la establecida respecto de los representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional (art.186. C). En cuanto a la representación territorial en cada entidad política de la República, la misma obligatoriamente es universal respecto de la globalidad de la población en cada entidad (Consejos Legislativos, Concejos Municipales, y Juntas Parroquiales, aun cuando en estas se eliminaron inconstitucionalmente), lo que implica que para el cuerpo representativo nacional que es la Asamblea Nacional, la representatividad no es ni puede ser “territorial” sino que es de la población en su globalidad, aunque los diputados sean electos por entidades federales (art.186). Por ello el artículo 201 de la Constitución dispone que “los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones sino sólo a su conciencia.” La única representación territorial que se había establecido tradicionalmente en Venezuela, fue la elección de los senadores para integrar el Senado, en el cual cada senador representaba un Estado y no al pueblo en su conjunto. Ello fue eliminado de la Constitución de 1999, que al contrario garantiza que los representantes electos en cuerpos representativos nacionales representan al pueblo de toda la República en su conjunto, de cada entidad federal en los cuerpos representativos de los Estados y Municipios. 5 El artículo 1º del Decreto No. 2.878 de 23 de mayo de 2017, mediante el cual el Presidente de la República, inconstitucionalmente estableció “las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente,” es básicamente inconstitucional por violar el derecho del pueblo a la representación política, al establecer que “los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto.” La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano nacional de representación del pueblo en su globalidad, por lo que el sufragio universal directo y secreto tiene que establecerse precisamente para la elección de representantes del pueblo en su globalidad en todo el ámbito nacional, y no puede establecerse – como falazmente se persigue -, solo en los sectores inventados en el decreto, y en cada sector; y solo a nivel de municipios, y en cada municipio. Esa representación es contraria al derecho a la representación de la universalidad del pueblo en las asambleas representativas. La elección por sectores, solo es admisible fuera del ámbito del Estado, en cada sector, donde por ejemplo, los trabajadores eligen los representantes en sus sindicatos, los empresarios eligen los representantes en sus cámaras de comercio o industria, los profesionales eligen sus representantes en sus Colegios, o los pescadores eligen sus representantes en sus asociaciones. Pero fuera de ese ámbito privado, donde todos los miembros tienen derecho a votar en forma universal para integrar sus órganos representativos, esto es, en las instancias del Estado, no puede haber elecciones sectoriales. En cuanto a la elección territorial, la misma está circunscrita a los cuerpos representativos en cada entidad (Consejos Legislativos, Concejos Municipales). La elección de representantes del pueblo de un Municipio por ejemplo, por supuesto que es mediante sufragio universal pero para elegir los concejales de los Concejos Municipales. Contrariamente, no se puede configurar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con una especie de agregado de “concejales,” quitándole al pueblo globalmente su derecho a estar representado en su conjunto. Con esta distorsión de la representación popular a través de la inconstitucional elección de los constituyentes diseñada en una forma sectorial y territorial, lo que pone en evidencia es la aviesa intención del gobierno “de maximizar la utilidad de la distribución de sus escasos apoyos electorales” para pretender controlar la Asamblea con escasos 20 % de los votos.

3 3 Véase Héctor Briceño, “Constituyente: reglas manipuladas para ganar con el 20% de los votos,” en Prodavinci, 27 de mayo de 2017, en 6

III LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPARATADA ELECCIÓN “TERRITORIAL” PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE DEBERÍA SER “NACIONAL” Y NO DE CARÁCTER MUNICIPAL

El artículo 2 del Decreto No 2.827 precisamente viola el derecho del pueblo a la representación de la totalidad del mismo, en su conjunto, en forma global, en un cuerpo representativo del mismo como es una Asamblea Nacional Constituyente, al establecer su integración mediante una especie de “concejales” es decir, representantes elegidos en cada Municipio de la República, convirtiendo entonces lo que debería ser una Asamblea Nacional Constituyente en una reunión de concejales municipales. A tal efecto, el artículo 2 del decreto dispone que la Asamblea Nacional Constituyente “estará integrada por trescientos sesenta y cuatro (364) miembros escogidos territorialmente,” reafirmando el artículo 3 que “en el ámbito territorial se producirá la elección de trescientos sesenta y cuatro (364) Constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a la siguiente distribución: un o una (1) Constituyente por cada Municipio del País que será electo o electa de forma nominal de acuerdo al principio de representación mayoritario, y dos (2) Constituyentes en los Municipios Capitales, que serán electos o electas mediante la modalidad lista, de acuerdo al principio de representación proporcional. En el Municipio Libertador de Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela y el asiento de los órganos del Poder Nacional, se escogerán siete (7) Constituyentes mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional.” Conforme a esa disposición, el artículo continúa con un Cuadro en el cual se establece entonces el número de “Constituyentes Territoriales por Municipio,” es decir, el número de la especie de “concejales” electos por http://prodavinci.com/2017/05/27/actualidad/constituyente-reglas-manipuladas-para-ganar-conel-20-de-los-votos-por-hector-briceno/ 7 Municipios con los cuales se pretende integrar una Asamblea Constituyente nacional que debería representar, al contrario, al pueblo en su conjunto. Lo único que hemos agregado al cuadro publicado en el decreto es la cifra de población de cada Estado de la República para evidenciar el disparate constituyente que se ha decretado donde por ejemplo, se pretende elegir en Estados como el Estado Amazonas o Cojedes más constituyentes que en el Distrito Capital; o en Estados como Falcón y Mérida más constituyentes que en el Estado Zulia (el lector es libre de hacer las comparaciones tomando en cuenta la población y el número de constituyentes a elegir): CONSTITUYENTES TERRITORIALES POR MUNICIPIO ENTIDADES N° DE MUNICIPIOS POR ENTIDAD NOMINAL / LISTA POBLA CIÓN TOTAL DISTRITO CAPITAL 1 – / 7 3.137.710 7 ANZOÁTEGUI 21 20 / 2 1.788.3292 22 APURE 7 6 / 2 587.056 8 ARAGUA 18 17 / 2 1.976.4702 19 BARINAS 12 11 / 2 989.432 13 BOLÍVAR 11 10 / 2 1.874.190 12 CARABOBO 14 13 / 2 3.315.506 15 COJEDES 9 8 / 2 348/022 10 FALCÓN 25 24 / 2 1.029.638 26 GUÁRICO 15 14 / 2 870.951 16 LARA 9 8 / 2 2.219.211 10 MÉRIDA 23 22 / 2 992.971 24 MIRANDA 21 20 / 2 3.992.3472 22 MONAGAS 13 12 / 2 998.024 14 NUEVA ESPARTA 11 10 / 2 552.011 12 PORTUGUESA 14 13 / 2 1.012.781 15 SUCRE 15 14 / 2 1.071.017 16 TÁCHIRA 29 28 / 2 1.578.108 30 8 TRUJILLO 20 19 / 2 787.988 21 YARACUY 14 13 / 2 693.876 15 ZULIA 21 20 / 2 4.323.476 22 AMAZONAS 7 6 / 178.670 8 DELTA AMACURO 4 3 / 2 187.022 5 VARGAS 1 – / 2 398.018 2 TOTAL 335 311 / 53 364 Si se llegase a aplicar este cuadro en la elección “territorial” que se pretende, en realidad lo que se estaría es eligiendo una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por constituyentes electos como si fueran concejales, sin que se logre ninguna representación nacional de la globalidad y universalidad del pueblo, como lo impone la Constitución. Además, la elección distorsionaría toralmente la representación del pueblo, al no tomar en cuenta la población existente en cada Municipio de los Estados, como si todos tuviesen igual población, resultando el absurdo de que como se dijo, los Estados Apure o Amazonas tendrían más representantes que el Distrito Capital (Caracas); que el Estado Yaracuy tendría el doble de representantes que el Distrito Capital (Caracas); que el Estado Anzoátegui tendría más representantes que el Estado Zulia, Carabobo, o Miranda; que el Estado Bolívar tendría menos representantes que los Estados Yaracuy, Trujillo o Guárico; que el Estado Falcón tendría más representantes que los Estados Miranda, Zulia o Carabobo; que los Estados Mérida y Trujillo tendrían igual representantes que el Estado Zulia; que el Estado Guárico tendría más representantes que el Estado Carabobo; que el Estado Yaracuy tendrá igual número de representantes que el Estado Carabobo; que el Estado Bolívar tendría menos representantes que el Estado Yaracuy; en fin que el Estado Falcón tendría más representantes que los Estados Aragua, Lara, Zulia, Distrito Capital. IV LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ELECCIÓN “SECTORIAL” PARA INTEGRAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE CON REPRESENTACIÓN QUE DEBERÍA SER “NACIONAL” Y NO DE SECTORES DE LA POBLACIÓN Aparte de lo disparatado y distorsionadora pretendida elección “territorial” de los constituyentes que se proponen en el inconstitucional decreto, y dejando aparte la elección sectorial de ocho (8) representantes de los pueblos indígenas 9 que es la única aceptada en la Constitución, atendiendo “a la pluralidad de pueblos indígenas existentes en las distintas regiones del País,” (arts 2 y 3, Parágrafo único), en el Decreto se ha establecido que “se elegirán también Constituyentes Sectoriales” conforme a una supuesta regla derivada del “cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los Constituyentes Territoriales, esto es un (1) Constituyente Sectorial por cada ochenta y tres mil (83.000) electores del registro electoral sectorial,” (art. 2), respecto de los siguientes “sectores” enumerados en el artículo 1: “1) Trabajadores. 2) Campesinos y Pescadores. 3) Los Estudiantes. 4) Las Personas con discapacidad. 5) Los Pueblos Indígenas. 6) Los Pensionados. 7) Los Empresarios; y. 8) las Comunas y Consejos Comunales.” Más allá de que resulta incomprensible cómo las “Comunas y Consejos Comunales,” que son entidades establecidas con un ámbito territorial (por eso la elección de los representantes de este “sector” se indica que debe hacerse “regionalmente” art. 4), se puedan llegar considerar como un “sector,” – que en ningún y bajo ningún aspecto lo son -, la enumeración que se ha hecho es esencialmente discriminatoria y excluyente. Además de dichas Comunas y Consejos Comunales, muchos otros de los componentes de los sectores son entidades oficiales como la “administración pública” las universidades no autónomas, las empresas del Estado, lo que permite al gobierno su total control. 4 Se le olvidó al Presidente de la República, sin desmejorar ni rebajar la importancia de los pensionados, de los pescadores y de los discapacitados, que quizás es importante para integrar una Asamblea Constituyente que nada más ni nada menos va a transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y sancionar una nueva Constitución, que la misma se integre por ejemplo, con representantes de “sectores” como el universitario, profesional, académico, intelectual, de las comunicaciones, los cuales no deben quedar diluidos en el sector genérico de “trabajadores” (art. 5). Y en todo caso, cabe preguntarse ¿Por qué esa importantísima tarea que tiene una Asamblea Nacional Constituyente se le debe dejar solo a los pensionados, pescadores, campesinos o discapacitados? ¿Por qué se excluyó 4 Véase Juan Manuel Raffalli, ““El veneno escondido en las bases comiciales,” en Prodavinci, 23 de mayo de 2017, en http://prodavinci.com/2017/05/23/actualidad/el-veneno-escondido-enlas-bases-comiciales-por-juan-manuel-raffalli/ 10 de la tarea constituyente a los profesionales? ¿Por qué al sector universitario de tanta importancia se lo diluyó en un genérico sector estudiantil (art. 5)? Realmente no tiene lógica alguna la pretendida elección sectorial propuesta, aparte de la inconstitucionalidad intrínseca que ella implica al violar el derecho constitucional del pueblo a elegir sus representantes mediante sufragio universal, directo y secreto para estar representado globalmente, y no por sectores, y menos solo por los sectores menos apropiados para la tarea que la Constitución le asigna a una Constituyente. La sectorialización de la población puede ser útil, como funciona en el ámbito privado, para que los campesinos elijan los representantes ante las asociaciones de campesinos; para que los trabajadores elijan los representantes en sus sindicatos; para que los pescadores elijan los representantes de las asociaciones de pescadores; para que los empresarios industriales o comerciantes elijan los representantes a sus Cámaras de Comercio o Industria; o para que los profesionales elijan a sus representantes en los Colegios profesionales; pero ello no tiene sentido ni asidero constitucional, para integrar un cuerpo de representantes del pueblo a nivel nacional, donde los mismos deben representar al pueblo en su conjunto, y no a determinados sectores de la población. ** La propuesta presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en definitiva, es inconstitucional: Primero, porque viola el artículo 347 de la Constitución que reserva al pueblo el ejercicio del poder constituyente originario para en ejercicio del mismo poder convocar mediante referendo una Asamblea Nacional Constituyente. El decreto presidencial No. 2.830 del 1 de mayo de 2017, usurpó el poder del pueblo, y sin su participación y en fraude a la Constitución, pretende convocar directamente una Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, el mismo decreto No 2.830 está viciado de inconstitucionalidad por pretender, en fraude a la voluntad popular, convocar una Asamblea Constituyente sin la participación del pueblo mediante referendo, para implantar en el país un Estado Comunal o del Poder Popular, como se expresa en el decreto No. 2.830 del 1 de mayo de 2017, cuando el mismo pueblo ya rechazó dicha propuesta mediante el referendo que negó la aprobación de la reforma constitucional de 2007. 11 Tercero, en cuanto al decreto No. 2.878 de 23 de mayo de 2017, por absoluta incompetencia del Presidente para dictarlo, ya que ninguno de los artículos constitucionales que cita en el mismo lo autorizan para emitirlo. Cuarto, por pretender imponer sin la aprobación por el pueblo mediante referendo, falsamente, unas “bases” llamadas “comiciales,” pero sin someterlas a “comicios” o votación alguna por parte del pueblo. Quinto, por distorsionar las normas constitucionales sobre la Asamblea Nacional Constituyente que solo el pueblo puede convocar para que lo representen en su conjunto en una instancia nacional de tal importancia para transformar el Estado y crear un nuevo orden jurídico, convirtiendo dicha Asamblea en una especie de reunión de representantes de municipios (como si fueran “concejales”) y de sectores arbitrariamente dispuestos, en franca discriminación de otros; y todo violando el principio de la universalidad del sufragio, que es un derecho constitucional para garantizar la representación del pueblo en su conjunto. Con la elección “sectorial” y “territorial” propuesta no se representa al pueblo en su conjunto, es decir, a la población global del país, sino a municipios y supuestos sectores, dándosele igual representación a un minúsculo municipio de algo más de mil habitantes a los grandes municipios del país con más de un millón de habitantes. Por todo ello, con razón, el profesor José Ignacio Hernández expresó que las bases comiciales para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente inconstitucionalmente convocada, tal como fueron decretadas por el Presidente de la República, “son otro golpe a la democracia.”5 New York, 29 de mayo de 2017

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