Constituyente de Maduro bajo lupa internacional

@ecotalvora

“En nombre de una supuesta solidaridad ideológica continental, se cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que incluyen la prisión arbitraria e ilegal de oponentes políticos, así como ante los fraudes electorales supuestamente perpetrados en las últimas dos elecciones”.

El texto anterior forma parte de un informe preparado por la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia de la Republica de Brasil, en el cual los autores realizan un descarnado análisis de la política exterior de su país durante los últimos quince años. Los autores del documento son Hussein Kalout y Marcos Degaut quienes llegaron al gobierno de la mano de Michel Temer y, la publicación lleva una presentación firmada por el Ministro Jefe de la Secretaría de la Presidencia Moreira Franco. Aun cuando se trata de un trabajo “académico” es, a todas luces, un documento oficial que critica la conducción de la política exterior brasileña incluso durante el actual mandato.

El documento se refiere al silencio guardado por Brasil durante los gobiernos del PT “ante la erosión de la libertad de prensa en Argentina en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”. Señala que “en cada uno de los casos, la inacción brasileña era justificada como estricta observancia del principio de no injerencia.

El mismo principio, sin embargo, no impidió al gobierno brasileño criticar políticas conducidas por países europeos o por EEUU. En contraste con la delicadeza adoptada en el trato con Rusia o Venezuela, Brasil tuvo pocos temores de criticar a las potencias occidentales”.

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El primer objetivo del régimen venezolano, de concretarse la instalación de la “Asamblea Constituyente” convocada por Nicolás Maduro, es la disolución definitiva de la Asamblea Nacional donde la Oposición detenta la mayoría absoluta. Aparte de procurar reformas en el texto constitucional, la maniobra chavista busca retomar a la brevedad el control hegemónico del Estado, apalancándose en el manejo que ejerce sobre las autoridades electorales, el Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula castrense.

Ya el Tribunal Supremo de Justicia, con sentencia del 31MAY17, avaló que Maduro, sin realizar una consulta popular previa, convoque a elecciones para conformar una constituyente que, obviamente, tiene como propósito dictar una nueva Constitución. El Consejo Supremo Electoral ya anunció la realización de esas elecciones para el mes de julio y en un plazo perentorio de tres días procedió a inscribir a los candidatos.

El régimen inscribió las postulaciones de los principales jerarcas del sistema, desde el cogobernante Diosdado Cabello hasta la esposa y el asistente personal de Maduro. El esquema impuesto por el régimen establece que las elecciones se realizarán a nivel de municipios, pero igualmente a nivel de “comunas” y “consejos comunales”, así como de “sectores sociales”, conformando un sistema de representación dudosamente democrático, apartado de los principios de la propia Constitución bolivariana y fácilmente manipulable por el aparato de Estado controlado por el chavismo.

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La Oposición venezolana congregada en la Mesa de la Unidad Democrática decidió que no convalidará la Constituyente de Maduro y, por lo tanto, no presentará candidatos. De prosperar el plan chavista, el actual estado de excepción, la legislación mediante decretos presidenciales y la suspensión de garantías constitucionales vigentes desde enero de 2016, serían reemplazadas por un “suprapoder constituyente” detentado directamente por Cabello y que asumirá las funciones legislativas.

La gravedad de la predecible situación política y legal en Venezuela, en el escenario de la Constituyente de Maduro, es de tal magnitud que fue el tema dominante en conversaciones privadas entre diversos cancilleres durante la reunión de la OEA celebrada el 31MAY17. El canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, calificó como “viciada” la convocatoria hecha por Maduro para una Constituyente. Ocho gobiernos exigieron públicamente que el gobierno Maduro suspenda su intento de modificar la Constitución El proyecto de declaración sometido a consideración de los miembros de la OEA, que cuenta con el respaldo abierto de por lo menos catorce gobiernos, “hace un llamado” al “cese de la iniciativa de realización de una Asamblea Constituyente Nacional en la forma en que está concebida actualmente”.

La diplomacia del Continente, incluyendo a EEUU que aún mantiene la línea definida por el gobierno Obama, intenta crear un esquema que permita tender puentes entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela.

Desde los gobiernos que mantienen una posición crítica contra el régimen venezolano hasta sus cercanos socios caribeños, existe un consenso sobre la necesidad de que la “comunidad internacional” aporte facilidades para superar la crisis venezolana. En el seno de la OEA no se planteó la posibilidad de imponer sanciones al gobierno Maduro, pero la realización de la Asamblea Constituyente bajo un formato controlado por el chavismo, dinamita cualquier posibilidad de diálogo o negociación entre las partes, según la evaluación compartida por varias influyentes cancillerías de la región.

La imposibilidad de que los principales actores políticos venezolanos alcancen un acuerdo, la opción represiva que implementa el régimen ante las protestas populares y la agudización de la crisis económica, han hecho que diversos organismos internacionales y varios gobiernos de la región, estén evaluando las posibilidades de una hipotética migración masiva desde Venezuela y las medidas que deberían tomarse en países vecinos.

Ya Acnur la agencia de la ONU para refugiados, ha realizado evaluaciones en el estado brasileño de Roraima, con vistas a la construcción de un centro para refugiados procedentes de Venezuela. El gobierno colombiano ya tiene definido incluso la localización en el fronterizo departamento Norte de Santander de, por lo menos, dos campamentos para eventuales refugiados. La Organización Mundial de Migraciones así como otras agencias de la ONU están realizando estudios urgentes sobre número y perfil de los potenciales migrantes venezolanos. Si bien las cifras totales son aún bajas, la tasa de crecimiento del número de venezolanos que están solicitando refugio tiene encendidas luces de alarma en varias partes del globo.

Desde esa perspectiva, ya varios gobiernos de la región han asomado la opción de llevar el “tema Venezuela” a consideración formal del Consejo de Seguridad de la ONU por tratarse de un tema de crisis humanitaria.

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“Venezuela no quería que hubiera reunión, y reunión hubo. Logramos una mayoría que permitió la convocatoria de la reunión y Venezuela anunció su salida de la organización”. Esa es la evaluación que el representante de Colombia en la OEA, Andrés González, realiza de la reunión de consulta de cancilleres del Continente realizada el 31MAY17 en Washington. Si bien el gobierno Maduro anunció su salida del organismo, su aparato diplomático fuertemente apoyado por la cancillería cubana, realizó intensos esfuerzos por retrasar la reunión y, en todo caso, impedir que se aprobara una resolución, promoviendo la presentación de un proyecto de resolución anodina por parte de los países miembros de la comunidad caribeña Caricom que competía con la propuesta presentada por Perú, Canadá, EEUU, México y Panamá. Las cancillerías de Bolivia y Ecuador intentaron, sin éxito, forzar a los miembros de la OEA a realizar una votación en la cual ninguno de los proyectos de declaración sería aprobada y la reunión finalizaría sin conclusiones.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México se constituyeron en un grupo de gobiernos que hizo frente a las maniobras que tras bambalinas motorizaba la cancillería de Maduro, en su desesperado esfuerzo por detener la emisión de un pronunciamiento crítico sobre la situación venezolana.

Formalmente la reunión de los cancilleres de la OEA del 31MAY17 no concluyó y su convocatoria está aún vigente. Los representantes permanentes de los gobiernos miembros de la OEA deberán adelantar en los próximos días las consultas para redactar un texto que cuente con un apoyo mayoritario, el cual debería ser considerado por los cancilleres en su encuentro anual que tendrá lugar en México el 21JUN17.

El gobierno Maduro descubrió que su anunciada salida de la OEA fue un movimiento apresurado en el cual ninguno de sus socios lo acompañó y que al no asistir a las sesiones perdió un espacio para su acostumbrada diplomacia de show. La canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, quien sería reemplazada a la brevedad dado que es candidata constituyente, anunció que su gobierno asistirá a la reunión de la OEA en México.

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