¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE? por Carlos José Sarmiento Sosa.

Los Sarmiento y nosotros, compartimos el pan del exilio, al cual nuestros padres fueron arrojados por enfrentarse a otra dictadura militar, no es en absoluto raro que hoy coincidamos en las trincheras de lucha contra este régimen apátrida, ajeno a la esencia de Venezuela, entregado al servicio de ajenos y hasta exóticos intereses. El comienzo es un epígrafe del gran jurista y amigo Jose Gabriel Sarmiento Nuñez. Salud.

 ALFREDO CORONIL HARTMANN

Ítaca 20 de junio de 2017.

——————————-

¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE?

¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ESPURIA? ¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ESPURIA?

 

Es necesario divulgar el Derecho. Hay que despojarlo de los fastuosos y engorrosos estuches de artículo caro, para presentarlo a la colectividad con genuina envoltura de pan cotidiano. Hay que devolverlo al pueblo en la misma forma simplista, inafectada y franca como él mismo lo creó para que pueda comprenderlo y aplicarlo libre y conscientemente, y modificarlo cuando ya no corresponda a sus necesidades.

José Gabriel Sarmiento Núñez.

Difundamos el derecho. Diario El Universal, 1958.

 

En estos tiempos de convulsión se habla de una convocatoria a una Asamblea Nacional afirmando los defensores de la propuesta y sus mujiquitas que se fundamenta en la Constitución de 1999, mientras que los opositores, especialmente los juristas, sostienen que se trata de una iniciativa que es nula por violar la propia Constitución.

Por ello, se han elaborado las preguntas que titulan esta reflexión, para contestarla en el lenguaje más diáfano posible, como aconsejaba Sarmiento Núñez.

I

El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de:

  1. i) transformar el Estado,

  2. ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico, y

iii) redactar una nueva Constitución.

Ahora bien, para que el pueblo ejerza ese poder, la iniciativa de convocatoria a la ANC podrán tomarla;

  1. i) el Presidente de la República en Consejo de Ministros;

  2. ii) la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes;

iii) los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o

  1. iv) el 15%  de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.

Como se observa, se trata de dos actos jurídicos distintos y separados:

–         La iniciativa de convocar y

–         El poder de decisión que reside en el pueblo, quien decide si se convoca o no a la ANC.

Recibida la iniciativa, el Consejo Nacional Electoral hace esa consulta al pueblo, para lo cual fija una oportunidad para que mediante el voto universal, directo y secreto se manifieste si se convoca o no a la ANC.

Llegado el día, el pueblo emite su voto y, si es negativo, se cierra el proceso constituyente; y si es afirmativo, el CNE procede a la convocatoria para elegir a aquellas personas que se postulen como constituyentistas, se hacen los comicios, se vota secreta y directamente, y luego el CNE anuncia lo nombres de las personas que resultaron electas, quienes luego integrarán la ANC, la cual una vez instalada podrá tratar y decidir sobre:

  1. i) transformar el Estado,

  2. ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico y

iii) redactar una nueva Constitución.

II

En fecha reciente, el Presidente Maduro anunció que convocaba al pueblo para que eligiera los miembros de una ANC y, luego de establecer él mismo las bases y condiciones de esa asamblea,  así lo hizo saber al CNE, organismo que, en lugar de convocar al pueblo para que se expresara si está conforme o no con la iniciativa presidencial, fijó fecha para la elección de los miembros que integrarían ese ente, con lo cual lo que hizo el Presidente fue que se atribuyó la facultad popular de convocar a una ANC cuando conforme a la Constitución lo que correspondía era que el CNE, recibida la iniciativa presidencial, procediera a seguir con el proceso constituyente fijando una oportunidad para que el pueblo decidiera si se convoca o no a una ANC.

Al actuar de esa manera,  el Presidente, con la complicidad del CNE, usurpó  la facultad soberana del pueblo de decidir sobre si convocar o no al ente constituyente y, como se ha continuado el proceso e incluso se estima que se celebrará un pretendido referendum, todos los actos nacidos bajo el signo de la usurpación de la atribución del pueblo y los posteriores que pudieran hacerse están afectados de nulidad y no surten ni surtirán efectos jurídicos, teniendo solamente el valor equivalente al de un golpe de Estado contra la Constitución de 1999, aun cuando una cuestionada y desprestigiada Sala Constitucional del TSJ haya validado la iniciativa presidencial.  

III

De lo expuesto se concluye que solamente puede hablarse de proceso constituyente el que se lleve a efecto respetando el marco jurídico previsto para ello en la Constitución de 1999. Todo aquello hecho fuera del texto constitucional es nulo de toda nulidad e incapaz de producir efectos jurídicos.

Ahora bien, ante tales violaciones del texto constitucional, el artículo 333 de la  Constitución de 1999 dice que ésta no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella; y como imponer una viciada ANC sería un acto de fuerza, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, fundamentándose en el artículo 350 de la misma Constitución que le faculta para desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

IV

Los derechos soberanos del pueblo contra una ANC espuria están en el artículo 350 de la Constitución y se conocen comúnmente como la desobediencia civil.

La desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno; o como dice la doctrina constitucional, se trata de una actividad tendente a evitar que se dicten normas que contradigan lo establecido en la Constitución.

La desobediencia civil no nace, por tanto, del capricho de un grupo de ciudadanos que discrecionalmente resuelven no acatar ciertas disposiciones, sino que para que sea considerada como tal, deben cumplirse ciertas condiciones:

  1. i) Graves violaciones al principio de justicia, al principio de igualdad y al principio de libertad igual como, por ejemplo, cuando a ciertas minorías se les niega el derecho a votar, o a desplazarse de un sitio a otro.

  2. ii) Deben haberse agotado todos los medios legales de reparación que establezca el ordenamiento jurídico, es decir, que se han propuesto recursos contra los actos inconstitucionales y tercamente no han sido revocados por razones ajenas al derecho.

Cuando en una sociedad es promulgada y aplicada una ley manifiestamente inconstitucional, o cualquier acción violatoria de los principios antes enunciados y, habiéndose agotado todos los recursos legales sin lograr el cambio deseado, entonces la sociedad puede acudir a la desobediencia civil, vale decir, si se trata de imponer una ANC espuria, el pueblo puede ejercer la desobediencia civil.

Eso sí, los desobedientes tienen que estar conscientes de que su pacífica actitud puede ser sancionada por quienes detentan el poder y hacerlos privar de libertad, sobre todo cuando la autoridad ha conculcado los poderes públicos y aplica a sus adversarios el derecho penal del enemigo.

Henry Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, aplicaron la desobediencia civil y terminaron en prisiones, antes de pasar a la historia como paradigmas de hombres que lucharon por la libertad y la democracia. 

CARLOS J. SARMIENTO SOSA

————————–

Cordiales saludos.

Dr. Carlos J. Sarmiento Sosa
Rete Iuris  S. C.C

Calle Valle Alto edificio Valto suite 3B-O

Santa Fe Sur Caracas 1080

Teléfono: Fax: +58.212.975.3892

Movistar: +58.424.197.7696

email: sarmiento.reteiuris@gmail.com

La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a este e-mail, el cual se encuentra protegido por la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y por el secreto profesional abogado-cliente, según la Ley de Abogados y el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Si usted lo ha recibido por error, por favor notifique al remitente de inmediato vía e-mail y elimínelo de su sistema.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s