CARLOS JOSÉ SARMIENTO SOSA:

REFLEXIONES DE UN ESCRIBIDOR, JULIO 2017

Julio, 2017

“… al derecho hay que despojarlo de los fastuosos y engorrosos estuches de artículo caro, para presentarlo a la colectividad con genuina envoltura de pan cotidiano, una explicación sencilla puede ser conveniente y necesaria.”

JOSÉ GABRIEL SARMIENTO NÚÑEZ

 

PAX ORBI EX IURE

 

Bajo su valioso lema de “La paz mundial mediante el derecho”, la Asociación Mundial de Juristas o World Jurist Association se prepara para celebrar su XXV congreso mundial entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre próximos, a escasos kilómetros de la costa venezolana, en Aruba, siendo su tema central el de la Energía, vinculado a un tema que atañe al mundo globalizado, cual es la justicia y la paz para todos.

Cualquiera se preguntará la razón por la que un evento de tal magnitud e importancia se celebrará en una pequeña aunque acogedora y emprendedora isla caribeña; y la razón estriba en que, Aruba, como país receptor de turismo y de inversiones, facilita el acceso a los visitantes sin exigirles engorrosas visas y, además, garantiza la seguridad personal de quienes a ella acudan, al igual que éstos gozan de la libertad que se requiere para expresar libremente sus ideas cuando se trata de reuniones como la que promoverá la AMJ en las que se debaten ideas atinentes al Estado de Derecho.

Con respecto a Venezuela, el tema de la energía es fundamental por razones derivadas de su condición de país productor y exportador de hidrocarburos y los efectos económicos, sociales y políticos que de la explotación racional de la energía se producen y que deberían traducirse en el bienestar de la sociedad, de donde se vincula el asunto a la justicia y a la paz. A la justicia, como elemento fundamental de una sociedad organizada en la cual la división y separación de los poderes públicos es nítida y diferenciada para que, de su sana administración, se deriven la paz, la tolerancia y la fraternidad, independientemente de las ideas y creencias de cada uno, sin odios ni rencores.

Pero, como han advertido los organizadores, existe un elemento maligno, que corroe a la sociedad cuando los principios de justicia y paz son alterados, y es la corrupción en sus distintas formas, desde el aprovechamiento ilícito de los bienes públicos hasta el lavado de dinero tanto a nivel nacional como transnacional, trastornando la economía mundial mediante el pago de comisiones o sobreprecios para facilitar el acceso a contratos con el Estado, lo que ha obligado a ciertos países a celebrar tratados y convenios regionales para controlar el lavado de dinero y el tráfico de sustancias nocivas en los que se contempla la jurisdicción penal universal para determinados delitos, lo que facilita la aplicación de la justicia por cualquier juez competente para conocer de ese tipo de delitos, independientemente de la nacionalidad del individuo y del lugar de la comisión del delito, e incluso que se promuevan leyes para lograr que se recuperen para los países los dineros extraídos por los corruptos, como precisamente ha propuesto en Venezuela la Asociación Mundial de Juristas.

Sin duda, el llamativo temario animará a muchos profesionales del derecho a acercarse a Aruba para participar en un evento de una transcendental importancia como la que se ha señalado, con la seguridad de que la declaración final del congreso será de gran importancia para Venezuela.

¿QUÉ ES UNA CONSULTA POPULAR?

Numerosas y respetables opiniones han sido emitidas desde el punto de vista académico para explicar la consulta popular. No obstante, como ha dicho este escribidor en anteriores ocasiones, parafraseado a José Gabriel Sarmiento Núñez,  al derecho hay que despojarlo de los fastuosos y engorrosos estuches de artículo caro, para presentarlo a la colectividad con genuina envoltura de pan cotidiano, una explicación sencilla puede ser conveniente y necesaria.

La consulta popular es una innovación de la Constitución de 1999 la cual, partiendo del principio de que la soberanía reside en el pueblo -que podrá ejercer a través del sufragio-, determinó que los ciudadanos pueden participar democráticamente por medio de los mecanismos de participación ciudadana que no estén prohibidos expresamente y, para facilitar su comprensión, enumeró algunos de ellos, entre los cuales el texto constitucional mencionó la consulta popular, sin más exigencias.

 La consulta popular es, técnicamente, un mecanismo plebiscitario, y puede ser utilizado para escuchar la vox populi directamente sobre determinadas materias, como las tomas de decisiones sobre aspectos políticos o de otra naturaleza -como podría ser sobre materias atinentes a leyes-, sin que produzca efectos jurídicos, sino que el ente que realiza la consulta debe aceptar la voz del pueblo, es decir, los venezolanos mayores de edad, y proceder conforme al sentimiento mayoritario.

En congruencia con tales principios, el constituyente asignó a la Asamblea Nacional  la competencia para organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos que le competen constitucionalmente, lo cual fue ampliado por la misma Asamblea en su Reglamento de Interior y de Debate.

Cuando una consulta popular es iniciada conforme a lo que se ha explicado supra, se tratará de un ejercicio de la participación ciudadana y no existe mecanismo ni recurso alguno que trate de impedir su convocatoria porque la esencia de este proceso está en que la soberanía reside en el pueblo y, por encima de éste, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia puede colocarse.

¿QUÉ ES UN REFERENDUM? 

Dentro de la misma idea de explicar con sencilla palabras el léxico jurídico, este escribidor hará una breve referencia sobre el referéndum.

 De acuerdo a la Constitución de 1999, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de dicho poder, puede convocar a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de:

  1. i) transformar el Estado,

  2. ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico, y

iii) redactar una nueva Constitución.

Ahora bien, para que el pueblo ejerza ese poder, la iniciativa de convocatoria a la ANC podrán tomarla;

  1. i) el Presidente de la República en Consejo de Ministros;

  2. ii) la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes;

iii) los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o

  1. iv) el 15%  de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.

Como se observa, se trata de dos actos jurídicos distintos y separados:

–         La iniciativa de convocar y

–         El poder de decisión que reside en el pueblo, quien decide si se convoca o no a la ANC.

Recibida la iniciativa, el Consejo Nacional Electoral hace esa consulta al pueblo, para lo cual fija una oportunidad para que mediante el voto universal, directo y secreto se manifieste si se convoca o no a la ANC.

Llegado el día, el pueblo emite su voto y, si es negativo, se cierra el proceso constituyente; y si es afirmativo, el CNE procede a la convocatoria para elegir a aquellas personas que se postulen como constituyentistas, se hacen los comicios, se vota secreta y directamente, y luego el CNE anuncia lo nombres de las personas que resultaron electas, quienes luego integrarán la ANC, la cual una vez instalada podrá tratar y decidir sobre:

  1. i) transformar el Estado,

  2. ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico y

iii) redactar una nueva Constitución.

De lo expuesto se concluye que solamente puede hablarse de proceso constituyente el que se lleve a efecto respetando el marco jurídico previsto para ello en la Constitución de 1999. Todo aquello hecho fuera del texto constitucional es nulo de toda nulidad e incapaz de producir efectos jurídicos.

UNAMUNO EN  SALMANTICA

Es frecuente que, cuando una persona se encuentra frente a la fuerza bruta, trate de esquivarla y hasta de huir, a riesgo de que le endilguen el mote de cobarde; pero la vida vale mucho para perderla así nomás aunque hay situaciones en que el enfrentamiento es inevitable, momento en que hay que acudir a las neuronas para salir del trance; y eso fue lo que le aconteció a don Miguel de Unamuno cuando el 12 de octubre de 1936 enfrentó al famoso general José Millán-Astray con sus célebres palabras:

Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convencerés [ … ] Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha.

El cruce de palabras entre ambos personajes, uno héroe de guerra y el otro el eminente Rector de la Universidad de Salamanca, fue como un choque de trenes, porque previamente a la intervención de este último, el militar había lanzado su fúnebre grito de “Muera la inteligencia!. Viva la muerte!”; y ello se produjo a pocos meses del inicio de la guerra civil española. Se trató, por tanto, de una confrontación entre la fuerza bruta y la inteligencia académica.

Estos hechos suceden con inusitada frecuencia en distintos campos de la actividad humana, siendo uno de ellos el de la política cuando, por medio sin razón ni derecho, a espaldas al ordenamiento jurídico-constitucional, se imponen decisiones o se toman acciones como las que avizoraba don Miguel en aquel momento, que no era otra cosa que el triunfo de la asonada militar contra la República española por la sola circunstancia de que los alzados contaban con la fuerza para imponerse sobre la libertad, pero sin convencer, al carecer de razón y de derecho.

Aunque los historiadores niegan que la historia se repite, lo cierto es que pueden presentarse circunstancias que se asemejan a hechos del pasado y así como Unamuno se enfrentó con la palabra a un rudo luchador, hoy en distintas partes del mundo los ciudadanos marchan pacíficamente y sin armas mientras que quienes están llamados a cuidarles en el ejercicio de sus derechos, los reprimen con violencia; y ante ese contraste de fuerza vale recordar que los últimos podrán imponerse porque cuentan con la fuerza, pero no convencerán al carecer de razón y de derecho en la lucha.

Publicado 5 hours ago por Carlos J Sarmiento Sosa

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