Embajador Victor Rodríguez Cedeño: DEL ALCANCE DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES

DEL ALCANCE DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES

Víctor Rodríguez CedeñoSe ha hablado mucho en estas últimas semanas sobre las sanciones internacionales a Venezuela por la violación grave, generalizada y sistemática de los derechos humanos en el país. Algunos las han criticado, por cuanto consideran que “contraría” la soberanía nacional y afecta los derechos de los venezolanos; otros las aceptan, aunque las califican de inefectivas y contraproducentes. Muchos otros, sin embargo, con quienes coincido, consideran que tales actos están ajustados al Derecho Internacional y además son efectivos.

Las sanciones han sido adoptadas por Estados y por algunos grupos de Estados. Se trata de decisiones de aplicación territorial y en ningún caso, extraterritorial. Los Estados que han anunciado sanciones no imponen obligaciones a otros Estados, tampoco a Venezuela, cuyas obligaciones derivan del Derecho Internacional, de la costumbre internacional, de los tratados, de las normas imperativas que interesan a los derechos humanos, de ese orden público internacional que se construye hoy. Simplemente exigen, con derecho, dado que la materia no es más del exclusivo interés del Estado, en este caso de Venezuela, que se respeten los derechos humanos, que cese la represión, la tortura, que se liberen los presos políticos, que se permita a los venezolanos disfrutar de un derecho individual y colectivo: el derecho a la democracia; y, que en definitiva, se nos deje decidir, sin imposiciones de otros, los cubanos, claramente, nuestro propio destino.

Algunos órganos internacionales han decidido adoptar “sanciones” en contra del régimen forajido de Maduro. El MERCOSUR, por ejemplo, decidió, en aplicación de sus normas internas, suspender a Venezuela como miembro del grupo subregional, por considerar con razón que se había roto el hilo constitucional, lo que es igualmente confirmado por los Estados Miembros de la OEA, aunque en este contexto aún no se han adoptado decisiones en la misma dirección, debido, principalmente, a las diferencias políticas e ideológicas entre sus miembros.

La cuestión también se estaría planteando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerarse una eventual suspensión de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, por incumplir con la establecido en la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se le crea, en 2006.

A pesar de su irrespeto a las normas de derechos humanos en general, más por componendas políticas perversas, Venezuela fue elegida miembro del Consejo, en el 2015. Se violó entonces la resolución constitutiva del Consejo que dice que “…al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos …” Nada más separado de la realidad que no sólo persiste, sino que se ha venido agravando. Se toleró entonces lo que hoy se condena muy claramente en Naciones Unidas en Ginebra, en Nueva York y en todas las reuniones internacionales: El régimen de Maduro viola los derechos humanos y comete crímenes internacionales.

La suspensión de un miembro del Consejo es posible, según el párrafo 8 de esa misma resolución, que dice que: “… por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”. No es fácil, no hay precedentes, pero estamos ante una lamentable realidad que debe abrir espacios a la evolución de las instituciones, más las relacionadas con los derechos humanos.

No hay dudas de que en Venezuela se cometen violaciones graves de derechos humanos, como lo ha constatado el Alto Comisionado en su último Informe, en el que desnuda al régimen de Maduro, un Informe elaborado de manera independiente y objetiva,  a pesar de los obstáculos presentados por el régimen venezolano, para que los mecanismos de Naciones Unidas encargados de velar  por los derechos humanos, entrasen a Venezuela y elaborasen un Informe al respecto, lo que es absolutamente normal en un mundo en el que todos apostamos por el respeto pleno de tales derechos.

Estamos ante violaciones “graves” de derechos humanos; además, llevados a cabo en forma sistemática, como política de Estado, el Plan Zamora una muestra clara de tal aberración; y en forma generalizada, es decir, contra una parte de la población venezolana: los opositores.

Según se desprende del examen llevado a cabo por los órganos internacionales y por las organizaciones no gubernamentales venezolanas y extranjeras, estamos ante actos realizados por funcionarios del Estado y de grupos organizados, armados, financiados y dirigidos por el régimen, los grupos paramilitares denominados “colectivos”, que constituyen violaciones sistemáticas y generalizadas que junto a su gravedad permiten ser calificados de crímenes de lesa humanidad.

No van a quedar en el olvido estos actos. Ellos serán examinados en su oportunidad por la Corte Penal Internacional, a la que se han sometido varias denuncias que están en proceso de ser acumuladas y fortalecidas con las informaciones publicas más recientes, para que la Fiscalía de la Corte inicie cuanto antes un Examen Preliminar para que se investiguen los hechos y se procese y castigue a los responsables, en ejercicio de su jurisdicción complementaria, ya que en Venezuela por ahora es imposible hacerlo porque no hay la voluntad del Estado de proceder a hacerlo y luego porque no se puede dar cumplimiento al principio de  legalidad, ya que los crímenes de lesa humanidad, como los otros crímenes internacionales objeto de la competencia de la Corte,  no han sido incorporados a la legislación penal venezolana,

De manera que hay sanciones y expectativas que habrán de conducir al restablecimiento del orden interno y al castigo de los autores de crímenes internacionales independientemente de cualquier arreglo político que permita una transición pacífica, que todos esperamos.

 

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