EDUARDO MACKENZIE: La JEP es un tigre de papel

COLOMBIA:

La JEP es un tigre de papel

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

28 de septiembre de 2017

El doloroso parto de la “justicia especial de paz” (JEP) se está convirtiendo en un escándalo tremendo.  Las noticias de estos días sobre la conformación humana y la reglamentación de ese organismo han generado un salto cualitativo en el repudio que expresan los colombianos a este respecto.  

Un movimiento destinado a promover un referendo derogatorio de los actos legislativos que crean la JEP se ha puesto en marcha bajo la inspiración de varios parlamentarios y dirigentes del partido Centro Democrático. El primer paso es recoger  cerca de dos millones de firmas, el equivalente del 5% del censo electoral,  exigido por la Constitución para poder realizar la derogación mediante el voto popular de los acuerdos de La Habana. Es decir, para confirmar el rechazo que los colombianos expresaron a los acuerdos Farc-Santos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Una parte de la opinión pública pensaba, de buena fe, que la JEP, engendro inventado por las Farc, podría tener un perfil claro y sería puesto en manos de gente razonable. Los hechos indican otra cosa. El debate en la comisión que se ocupa de la reglamentación de la JEP resultó digno de la tiranía chavista: los senadores no conocieron el proyecto sino un día antes. En el más puro estilo santista, la discusión del articulado fue torpedeada. La oposición se ve así obligada a reaccionar.

Veamos otros detalles. La nómina de los que integrarían la JEP, dada a conocer hace dos días,   también disparó las alarmas. De los 2 328 abogados que propusieron sus candidaturas, fueron escogidos 51 (38 jueces principales y 13 suplentes) con perfiles profesionales disparatados.

La mitad de jueces nominados no son penalistas, ni han trabajado siquiera en el sector judicial. Solo dos conocen la justicia penal militar. Ninguno de ellos conoce la problemática de las víctimas de las Farc. Otro sector es hostil a las fuerzas militares. Catorce no ocultan su odio por el expresidente Álvaro Uribe y repiten la soflama eterna de las Farc, que ya lleva más de 18 años,  que él “cometió crímenes de lesa humanidad”. Todo, claro, sin presentar la menor prueba.

En esa nómina hay de todo: cinco son especialistas en derecho indígena, uno es especialista en derechos de los afrodescendientes; cinco son militantes marxistas y miembros de “colectivos de abogados” al servicio de las causas del PCC. Cinco trabajan con grupos “de derechos humanos” controlados por la izquierda. Ocho han sido asesores y contratistas del gobierno santista, es decir reciben o han recibido dineros del poder ejecutivo. Solo uno tiene una especialización de derecho en una universidad americana (1).

Ese curioso personal escogido con lupa por agentes de las Farc y de Santos tendría por tarea, si el tinglado JEP no se derrumba antes,  juzgar a decenas de militares de todos los rangos y a altos funcionarios civiles — varios ex presidentes y ex ministros– que tuvieron que ver con la lucha contra la subversión armada comunista y narco-terrorista.

¿En qué país del mundo se ha visto algo parecido? Ese tribunal esperpéntico terminará por llamar la atención universal. Una guerrilla comunista vencida militarmente es  puesta en el centro de la escena política por el mismo jefe de Estado para que modifique las instituciones democráticas del país. Y la guerrilla comunista vencida logra fijar los criterios del tribunal que juzgará a los vencedores. En eso consiste la JEP. Del falso “acuerdo de paz” pactado en La Habana entre Santos y las Farc, la JEP es uno de sus logros más audaces.

Ese tribunal tan peculiar  –tendrá poderes exorbitantes  y recursos financieros enormes–, estará orientado políticamente. Solo una ínfima minoría  se ha mostrado neutral ante el falso pacifismo de las Farc.

La agenda de la JEP será monumental: deberá entregarle a Colombia la verdad judicial, nada menos,  y las sanciones penales, administrativas y disciplinarias que correspondan a los 52 años de violencias y atrocidades cometidas por las Farc contra la sociedad civil y contra el Estado. Y deberá decir, en sentencias, si la acción de la fuerza pública, en su legítima lucha por la seguridad y la integridad del territorio, fue legal o no. Para fallar en derecho sobre todo eso se requieren magistrados profesionales y con experiencia, no abogados y profesores inmersos en combates políticos.

Arrasando con las normas de derecho, la JEP ha sido concebida para que pueda revisar todo tipo de sentencias ejecutoriadas relacionada con militares y civiles. Las Farc esperan, por esa vía, enlodar y perseguir judicialmente a cientos o miles de colombianos que ellos acusan de haber “fomentado el conflicto”.  Así, políticos, empresarios, militares, periodistas, religiosos y académicos, todos hoy designados como “enemigos fascistas” y “paramilitares”, podrían caer en esa masiva operación de venganza. Las Farc quieren excluir de la comunidad humana a las personas que han luchado intelectualmente contra ellas y contra las otras bandas subversivas.

Esa masacre judicial de tipo estalinista tiene un plazo: diez años. En ese largo periodo la justicia ordinaria será dejada al margen en beneficio de ese monstruo pseudo judicial de siete cabezas.

La conformación de la JEP es un aspecto clave de lo que las Farc llaman “implementación de los acuerdos de La Habana”, los cuales tienen varios capítulos.

Desde luego, ese circo romano que  la prensa adicta al santismo presenta como una operación judicial  legal y virtuosa, para que los ciudadanos asuman actitudes pasivas y le reconozcan legitimidad, hará reír a la comunidad internacional.

Para ésta es evidente que la JEP es una excrecencia en tierra colombiana de los experimentos recientes de justicia totalitaria erigidos por las dictaduras de Venezuela y Cuba. Las mayorías colombianas han comprendido que esa es la naturaleza de la JEP. También entienden que un organismo como la JEP no podrá entrar en funciones si los colombianos desatan un movimiento de desobediencia civil contra eso.

Las firmas en favor de un referendo revocatorio están bien pero no serán suficientes para impedir el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Un amplio movimiento de resistencia y desobediencia civil que movilice en las calles a millones de colombianos y que diga no a engendros como la JEP es indispensable. La desobediencia civil no es irse a la casa y cruzarse de brazos ante las tropelías del Farc-Santismo. Es la sumatoria de miles de acciones concretas de resistencia pacífica, de no cooperación, de boicot, que ya existen, como cantarles la verdad, en las calles y en los recintos, a los agentes y candidatos del sistema, como darle la espalda y proclamar la ilegitimidad de las actuaciones de la JEP. Los guerrilleros que quieran la paz y someterse a la justicia que lo hagan ante los tribunales existentes, no ante construcciones “especiales” y paralelas como la JEP. La sumatoria de tales gestos y actos dejarán sin piso  a la JEP y le permitirá a Colombia, al nuevo gobierno y al nuevo congreso que salgan de las urnas en 2018, rescatar la paz y la institucionalidad democrática.  La JEP no es el tanque blindado arrasador que describen algunos. Es un artefacto frágil y ciego ante la voluntad de un pueblo. La JEP es un tigre de papel.

 (1).- Vea los detalles (nombres y trayectorias profesionales), en:

https://elexpediente.co/radiografia-los-magistrados-la-jep-enemigos-uribe-contratistas-del-gobierno-santos/

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