NELSON BOCARANDA SARDI, RUN-RUNES 5 DE SEPTIEMBRE 2017

¿GRAVI$IMO?:

La detención desde el pasado 22 de junio del asesor electoral de la MUD, el ingeniero Roberto Picón, tiene visos de convertirse en un caso para la CIDH y la CPI.

Presentado ante un tribunal militar por “traición a la patria e instigación a la rebelión”, entre otras acusaciones, lo cierto es que buscando pruebas para “montarle un expediente” han detenido a otros socios y familiares.
Como Picón es socio en una empresa de computación (Concein) de Isaac Eduardo Saias Esayag y éste es directivo de 100% Banco y primo de Fortunato Benacerraf Saias, el presidente del banco, decidieron apresarlos.
Igualmente, a otro funcionario del banco, Freddy Farache. El caso es que luego de la detención de Picón determinaron que “en una camioneta de Fortunato presumen se habrían movilizado cantidades de dinero para financiar el referendo opositor del 16J”.
Ahora, supuestamente, estarían obligando al banquero a que delate a otros $ocios del banco y de Concein para involucrarlos en todo este proceso y a cambio le darían $u libertad no sin antes pagar caro peaje.
Recientemente, la colega Sebastiana Barráez en el semanario “Quinto Día” narraba, supuestamente, una historia parecida con varios detenidos en la policía política. Ella atribuía algunas situaciones por la división de poder entre Maduro y Cabello.
La MUD pareciera haberlos abandonado en su defensa. Picón es un serio demócrata, un estratega de las acciones que en paz buscaban desde el referendo revocatorio hasta el referendo que demostró que los demócratas eran mayoría el pasado 16 de julio. Eso no se lo perdona el régimen.
Ninguno de los detenidos en ese caso, cuatro personas, son golpistas, conspiradores, o terroristas -mucho menos traidores a la patria- como los señalaron desde el Tribunal Militar Tercero de Control. En torno a esa justicia uniformada recordemos la denuncia que ante la Secretaría General de la OEA hizo recientemente el capitán Igor Nieto: “…el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles y que la jurisdicción militar esté controlada por el presidente de la Corte Marcial, quien, junto con fiscales y defensores militares, recibe órdenes del ministro de la Defensa”. 
Cansados de las presiones crematísticas estos presos decidieron pelear por su defensa y libertad. Sus abogados informarán muy pronto

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