Gobierno español pide al Senado que apruebe la destitución de todo el Gobierno de la Generalitat

 y convocará elecciones en Cataluña en un plazo máximo de seis meses

Rajoy destituirá al Govern y controlará el Parlament

El Gobierno pide al Senado que apruebe la destitución de todo el Gobierno de la Generalitat y convocará elecciones en Cataluña en un plazo máximo de seis meses, aunque el presidente espera que se haga antes. El Gobierno central insiste en que no se suprime la autonomía de Cataluña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podrá disolver el Parlamento autonómico catalán y convocar elecciones, en un plazo máximo de seis meses, aunque el Ejecutivo intentará que sea antes, pero siempre que se logre la normalidad y se restaure la legalidad. Esa es la primera medida, en aplicación del artículo 155, que ha anunciado hoy Rajoy, tras el Consejo de Ministros extraordinario. «Mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos normalidad institucional».

Además, el Gobierno ha pedido al Senado que autorice las siguientes decisiones:

Primero: proceder al cese del presidente de la Generalitat , el vicepresidente y los consejeros. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos que a tal efecto designe el Gobierno de la Nación. Serán los ministerios los encargados de asumir esta responsabilidad.

Segundo: la administración de la Generalitat de Cataluña continuará funcionando como organización administrativa ordinaria que ejerce funciones ejecutivas, y que el Estatuto atribuye a la Generalitat. Esta administración actuará bajo directrices de órganos o autoridades que designe el Gobierno de la Nación.

Tercero: el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa, pero para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto y la Constitución se propone que el presidente del Parlamento de Cataluña no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat, ni que el Parlamento pueda celebrar un debate de investidura. El control corresponderá al órgano que designe el Senado, y no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatuto. El Gobierno tendrá un derecho de veto de 30 días.

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