CARLOS J. SARMIENTO SOSA: ¿EJERCICIO LIBRE DEL DERECHO AL SUFRAGIO?

NOTA DEL EDITOR: esta reflexión de mi viejo y respetado amigo Carlos José Sarmiento, no solo tiene el peso jurídico y cívico de todos sus trabajos, añade una referencia histórica y política de gran pertinencia, en lo relativo al “Plan República”, en efecto ante la amenaza expresa de los sectores insurreccionales, que anunciaron el saboteo de la elecciones de 1963, el presidente Betancourt ordenó la implementación de dicho expediente, para la protección de los votantes y de los centros de votación, los ejecutores de esa orden, estaban nimbados del prestigio que les dio la defensa del orden constitucional y el victorioso enfrentamiento a los invasores cubanos. La Fuerza Armada de hoy, si posee alguna aureola es de desprestigio, reciben órdenes de los castro-comunistas cubanos y otros “importados” malvivientes de las FARC, iraníes, etc, etc.

Lejos de inspirar confianza exudan amenaza, peligro, intervención.

ALFREDO CORONIL HARTMANN

Ítaca 1 de noviembre de 2017.

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REFLEXIONES DE UN ESCRIBIDOR NOVIEMBRE 2017

A los compañeros egresados  de la Universidad Central de Venezuela, en el quincuagésimo aniversario de la promoción de Abogados doctor J. J. Faría de Lima.

 

¿EJERCICIO LIBRE DEL DERECHO AL SUFRAGIO?

https://www.google.co.ve/search?q=libre+ejercicio+del+voto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis1-KDhIXXAhVI7SYKHU2CBE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=49JN0jNXXffBoM:

Para este escribidor no hubo un triunfo del oficialismo como lo pinta el CNE ni un fraude de la magnitud que denuncia la oposición, aunque Fernando Mires diga que “Hubo un mega-fraude y hubo una mega-derrota” (https://polisfmires.blogspot.com/2017/10/fernando-mires-despues-del-15-o.html?spref=fb), o Angel Oropeza opine que “Hubo un fraude sistemático, parece que pasaron por un diccionario de fraudes  e implementaron todo el arcoíris de irregularidades [ … ]” (http://globovision.com/article/angel-oropeza-objetivo-de-la-mud-era-ganar-espacios-en-las-elecciones-regionales); pero por la experiencia propia del que esto escribe,  lo que sí hubo -y es un hecho público y notorio- fue  convocatoria tardía de las elecciones regionales, la modificación del objeto y fecha de las elecciones, el cambio del cronograma electoral, la eliminación del derecho de sustitución de candidatos, las inhabilitaciones a políticos y organizaciones políticas, las modificaciones sobrevenidas al registro electoral, el abuso en la utilización de medios y fondos públicos durante la campaña, la arbitraria modificación de centros electorales, así como las denuncias en cuanto al indebido funcionamiento de ciertos centros con hechos de violencia y coacción, son solo algunos de los elementos que permiten calificar la existencia de un fraude continuado, como reseña José I. Hernández (http://prodavinci.com/blogs/a-proposito-del-decreto-de-juramentacion-de-los-gobernadores-ante-la-constituyente-por-jose-ignacio-hernandez/). Lo que una investigación periodística calificó como “[ … ] “máquina de delitos electorales” a la que se enfrentan los venezolanos al votar” (http://www.caraotadigital.net/investigacion/maquina-de-delitos-electorales-se-enfrentan-los-venezolanos-al-votar/) y Luis Vicente León etiquetó de “elecciones no competitivas” porque “[ …] ocurren en un marco de ventajismo oficial evidente. Con uso abierto de recursos públicos, control de medios, prohibición de las sustituciones de candidatos, movilización arbitraria de electores y mesas de votación y el control absoluto de la institucionalidad electoral, que no responde a la Constitución sino a la revolución” (http://prodavinci.com/blogs/que-paso-por-luis-vicente-leon/).

Este escribidor debía votar en el Colegio La Concepción de Terrazas del Club Hípico y cuando consultó el padrón electoral el día antes de las elecciones, había sido mudado para otro colegio, en la Trinidad, ambas localidades en Caracas. Para no perder tiempo, fue directo a su centro de votación para consultar in situ. Allí le informaron que eso era falso, que no había ningún cambio a la Trinidad, sino a un colegio en el barrio popular de Santa Cruz, a escasos 500 metros, y que si quería votar que subiera a una buseta que estaba trasladando a los votantes a ese sitio. Así lo hizo, votó en Santa Cruz y la buseta le regresó al sitio en medio de un ambiente en el que los pocos votantes se mostraban favorables a la oposición, sin aparentes amenazas de turbas ni colectivos oficialistas.

Tuvo suerte, pero el que no consultó, o no consiguió la buseta que le trasladara, pudo votar, o simplemente se molestó y se regresó a su casa? Y aquel que tuvo que ir de su centro de votación al colegio electoral al cual fue migrado, ubicado en sitios peligrosos por marginales?. ¿Y el votante que cambió su voto por un plato de lentejas como Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú?. ¿Y el que fue acosado por grupos violento?

Para responder estas y otras preguntas similares, el informe de la Organización de Estados Americanos ha dicho que “El proceso electoral venezolano estuvo a todas luces plagado de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaran la voluntad del pueblo venezolano” (http://informe21.com/politica/oea-elecciones-en-venezuela-son-ilegitimas-por-irregularidades).

Sea como sea que se interpreten los resultados de acuerdo a los intereses políticos, la verdad es que ese no es el ambiente para el ejercicio libre del derecho al sufragio, como apunta Alberto Barrera T al comentar que “El domingo pasado se selló una larga y triste derrota. Fue un duro golpe contra la verdad, contra la confianza colectiva, contra el voto, esa experiencia que nos hacía comunes, que nos hacía país [ … ] Votar dejó definitivamente de ser un acto independiente y soberano” (http://americanuestra.com/alberto-barrera-tyszka-una-larga-triste-derrota/). ¿Será, como dice Michael Penfold, que en Venezuela ha renacido un colosal nuevo Leviatán, un nuevo mecanismo de coacción y condicionamiento del voto que es altamente efectivo y que luce logística y tecnológicamente muy sofisticado? (http://prodavinci.com/blogs/el-nuevo-leviatan-venezolano-entendiendo-el-15oct-por-michael-penfold/).

Si la voz del Grupo de Lima fuera escuchada con seriedad, y aplicada, quizás coadyuvaría en la problemática electoral venezolana:

“[ … ] la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional, y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes” (https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-de-la-tercera-reunion-del-grupo-de-lima-sobre-la-situacion-en-venezuela).

¿O será mejor aprender de Estonia, país donde alrededor del 31-33% del electorado vota constantemente por Internet?

(https://elpais.com/internacional/2017/10/26/actualidad/1509044002_883321.html).

¿TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA EN EL EXILIO?

En ¿Qué es el exilio?, publicado en las Reflexiones del mes de septiembre de 2017,  expresaba este escribidor que el exilio es una práctica común en distintas sociedades y así en Grecia antigua se utilizaba bajo la forma del ostracismo, que consistía en el destierro a que se condenaba a los ciudadanos pero no una pena perpetua, sino temporal y la persona exiliada no perdía jamás sus derechos como ciudadano e incluso podía ser perdonado; y en Roma, también se usaba el exilio para alejar del imperio a opositores, como sucedió con Cicerón, Ovidio y Séneca, quienes sufrieron este castigo y fueron obligados a abandonar la ciudad; y agregaba que en México, un grupo de exiliados españoles constituyeron un gobierno  luego de la guerra civil de 1936-1939, cuyas actividades finalizaron en 1977; y que naciones  como Armenia de 1078 a 1375 se exilió en Cilicia formando un nuevo reino. También, el general Charles De Gaulle en el exilio en la Gran Bretaña formó un movimiento en 1940 bajo la denominación de “Francia libre” durante la ocupación de Francia por los alemanes que, a partir de 1942, pasó a ser Gobierno de la Francia Combatiente (Gouvernement de la France Combattante), o simplemente Francia Combatiente, dirigido por el Comité Nacional Francés y  presidido por el mismo De Gaulle. Esta nueva denominación marcó el inicio de una etapa en la que “los grupos que en el interior del país participaban activamente en la resistencia”​ se unieron con la Francia Libre, reconociendo oficialmente su autoridad.

Ahora se ha dado un caso novedoso con motivo de la designación de los magistrados del TSJ, electos por la Asamblea Nacional de acuerdo a lo pautado por la Constitución de 1999, cuyo nombramientos fueron desconocidos por el gobierno nacional al iniciar una persecución contra los nuevos designados, lo que obligó a que un alto número de ellos salieran clandestinamente del país y obtuvieran refugio en Colombia, mientras que otros se asilaron en las embajadas de Chile y de Panamá en Venezuela (http://runrun.es/nacional/venezuela-2/325853/fundeci-magistrados-exiliados-cumplen-60-dias-de-persecucion-y-amenazas-a-su-libertad.html); pero resulta que un importante grupo de ellos logró llegar hasta la sede de la OEA, donde la organización interamericana no solamente les dio amparo, sino que, con la presencia del Secretario Luis Almagro y del Presidente de la Federación Interamericana de Abogados Jorge Hernán Rubio, facilitó la constitución del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el 13 de octubre, al instalarse con una agenda de trabajo con el apoyo de la justicia universal sobre “[ … ] las graves violaciones de Derechos Humanos que sean objeto de denuncia; los delitos de lesa humanidad y aquellos enmarcados dentro de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, donde encuadran los temas de tortura, legitimación de capitales, narcotráfico y terrorismo”, como declarara su Presidente al afirmar que el organismo que“[ … ] trabaja desde el exilio está legítimamente protegido por la Constitución venezolana y los tratados internacionales; por lo que sus decisiones y/o veredictos conducirán a rescatar la ley en Venezuela y la credibilidad en la institución, es decir, el regreso al Estado de derecho”(http://www.diariolasamericas.com/america-latina/presidente-del-supremo-el-exilio-vamos-trabajar-rescatar-la-ley-venezuela-n4134200).

Se fundamentan los magistrados en el exilio en que gozan de una legitimidad de origen porque fueron escogidos cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y las leyes venezolanas, porque  su designación fue realizada por el Poder Legislativo, como órgano legítimo y competente, previo a una consulta popular en la cual 7.680.000 venezolanos pidieron el cambio de los poderes públicos y porque gozan del reconocimiento nacional por parte de la Asamblea Nacional, así como de la sociedad civil y organizaciones que hacen vida en el país y también el reconocimiento internacional de países amigos de buena voluntad y demócratas que lo reconocen, como lo que son, un TSJ legítimo.

El tema así planteado es muy interesante, a juicio de este escribidor, porque en efecto existe la experiencia previa de la República Española que institucionalizó un Tribunal Supremo simbólico, pero no hay un precedente de que un poder de un Estado se constituya en otro país para administrar justicia, lo que puede conducir  que las eventuales decisiones emanadas del TSJ en el exilio queden fuera de la realidad, en un marco ilusorio.

Si en efecto ese tribunal en el ostracismo logra obtener la colaboración de la justicia internacional, es probable que sus decisiones tengan aceptación en la comunidad democrática mundial y hasta pueda sentar precedentes o referencias. Sin embargo, la única forma de probar su existencia y legitimidad lo está en dictar decisiones, como ha hecho con la sentencia del 25 de octubre de 2017 de su Sala Constitucional mediante la cual declaró hoy la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “de facto” y activó la resistencia pacífica del pueblo venezolano prevista en un artículo de la Constitución de 1999, para resolver una denuncia de inconstitucionalidad interpuesta por Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de ella (https://www.lapatilla.com/site/2017/10/25/sala-constitucional-del-tsj-en-el-exilio-ordena-disolucion-de-la-constituyente-decision/).

Asimismo, en su fallo la Sala sentenciadora llama a las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano a “acatar esta decisión vinculante”, lo que no sucederá pues ya la maquinaria interna ha lanzado su jauría en caza de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (https://www.lapatilla.com/site/2017/10/26/mp-investigara-magistrados-exiliados-por-usurpacion-de-funciones-del-poder-judicial/), aparte de que en la práctica y a los efectos del derecho interno venezolano, las decisiones de este ente carecen de coercibilidad, es decir, no hay fuerza que las hagan ejecutar.

OTRA VEZ CON  EL PLAN REPÚBLICA

En una reflexión titulada DATO HISTÓRICO (Ver REFLEXIONES 2012-2014.www.amazon.com) se preguntaba este escribidor el por qué el Plan República; y agregaba que no entendía la razón de que una fiesta cívica tenía que estar custodiada por militares, cual guardia pretoriana a las puertas de los centros de votación en los procesos electorales venezolanos. Algo tan normal como el ejercicio del derecho a elegir, pero bajo la celosa mirada de los portadores de las armas de la República.

Pues bien, narraba en aquella oportunidad que el Plan República se implementó en las elecciones que se celebraron en 1963, durante el mandato constitucional de Rómulo Betancourt, y después se ha venido cumpliendo rigurosamente cada vez que hay unas elecciones, como una costumbre, siendo la razón para ello que el gobierno del Piache de Guatire, ante las amenazas de la guerrilla castro comunista de sabotear el proceso electoral, confirió a las fuerzas armadas la custodia de los centros de votación, llamándola Plan República, para salvaguardar la democracia y evitar que los violentos enchufados de la Habana cumplieran su criminal objetivo.

Finalizaba este escribidor su reflexión considerando que, a 50 años de la instauración del Plan República, sentía la sensación de que el pueblo venezolano lamentablemente aún necesitaba del tutelaje militar para ejercer su derecho al voto, pero así como todo país requiere de la independencia de Poderes, esa tutela deberia ser igualmente imparcial y objetiva, con autoridad suficiente para salvaguardar la democracia, como lo hizo en los tiempos de su instauración. No al servicio de una parcialidad política.

Viene todo esto a colación porque, según la información que dio a conocer el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz durante la activación del Plan República para las recientes elecciones de gobernadores, estuvo integrado por 143.000 funcionarios, entre efectivos de las policías estadales, municipales, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), bomberos y Protección Civil, para el reguardo de la seguridad y garantía del ejercicio del derecho al sufragio más de 13.000 centros electorales en 2.094 cuadrantes de paz con patrullaje continuo antes, durante y después del proceso, incluidas operaciones especiales en puntos de sufragio en zonas rurales (https://www.lapatilla.com/site/2017/10/09/gobierno-activa-el-plan-republica-para-el-15oct/).

Pues bien, reflexionando sobre los orígenes del Plan República y vinculándolas a las declaraciones del ministro de marras, el proceso electoral como tal y sus vicios, este escribidor vuelve a su planteamiento original:

El pueblo venezolano lamentablemente necesita del tutelaje militar para ejercer su derecho al voto, pero esa tutela debe ser igualmente imparcial y objetiva, con autoridad suficiente para salvaguardar la democracia, no al servicio de una parcialidad política; y lo cierto es que la Fuerza Armada no es imparcial como lo han declarado públicamente sus voceros (http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120202/chavez-la-fuerza-armada-es-chavista) y, por tanto, está impedida de amparar algún proceso electoral.

Siendo así, el Plan República debe desaparecer o sus responsables constituirse en verdaderos garantes del derecho al ejercicio del voto, como lo fueron en sus orígenes.

Publicado 5 hours ago por Carlos J Sarmiento Sosa

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