CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN: La Convención de Palermo.

Venezuela es Estado Parte mediante firma (14 Dec 2000) y Ratificación (13 May 2002)

 
 

Interamerican Institute for Democracy

Aplicar Convención de Palermo por “efectos sustanciales en otro Estado”

El artículo 4 de la Convención de Palermo establece que ésta se “aplicará a la prevención, investigación y el enjuiciamiento” de los “delitos que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado”

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Por Carlos Sánchez Berzaín
Publicado septiembre 5, 2017 9:00 am

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) es la disposición legal para acusar, investigar, juzgar y capturar a Nicolás Maduro y los individuos que para obtener beneficios materiales, han cometido y cometen delitos graves contra la vida, la libertad, el estado, la economía y la humanidad, detentando ilegalmente el poder político con fines de impunidad en Venezuela. La competencia está abierta en varios países del mundo pues la Convención se aplica incluso al delito que “se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

El artículo 4 de la Convención de Palermo establece que ésta se “aplicará a la prevención, investigación y el enjuiciamiento” de los “delitos que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado”. Califica que el “delito será de carácter transnacional si: “a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o, d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

En el caso de Maduro y sus cómplices se pueden aplicar todos los incisos que califican el delito como transnacional, ya que dependiendo del delito, el grupo de delincuencia organizada que tiene el poder en Venezuela, ha incurrido en todos incluyendo el planificar y realizar actividades delictivas en varios estados. El delito de narcotráfico por ejemplo es transnacional por las cuatro causas o incisos de calificación y la competencia está abierta en todos los estados que se usan como puntos de tránsito o destino de la droga que ha hecho de Venezuela un narcoestado; en los delitos económicos como la corrupción en el caso Odebrecht aplican también las cuatro causas y son competentes por lo menos en el país de origen de la constructora y los estados por los que hayan circulado o depositado los fondos mal habidos. En estos dos casos, España, Panamá, Brasil, y Estados Unidos pueden aplicar la Convención de Palermo y perseguir a los criminales, y no solo retener fondos o imponer multas.

Además de los delitos económicos, uno de los asuntos mas importantes de la Convención de Palermo, que la hace aplicable en todos los estados de las Américas y Europa, es el de los delitos contra la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos. Solo en los últimos cinco meses y a ojos vista de todo el mundo, con registros de televisión y videos Maduro y su grupo delictivo, de manera infraganti, han asesinado más de 150 personas, han privado de libertad a cerca de 5.000, han causado daños personales graves que van desde la tortura hasta el apaleamiento a miles de personas. Desde hace muchos meses más han provocado una crisis de falta de alimentos y medicinas que a su vez produjo y produce la muerte de miles de personas forzando a los ciudadanos –entre otras cosas- a abandonar su país, han generado “migración forzada por causa delictiva”.

Los delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, el narcotráfico y los delitos comunes, NO son hechos políticos y no pueden ser considerados un asunto solamente de orden interno de Venezuela porque tienen grandes y graves efectos internacionales. Se trata de un conjunto de acciones premeditadas, organizadas y ejecutadas con el propósito de que Nicolás Maduro y su grupo retengan el poder para garantizar la impunidad que necesitan para cubrir los cientos de crímenes que de manera continuada y sostenida han cometido y cometen para obtener grandes beneficios materiales dentro y fuera de Venezuela, con el beneficio de haberse apropiado del Estado para seguir delinquiendo.

Los integrantes del régimen de Maduro han rebasado el ámbito de la política, no pueden amparar sus delitos en el argumento de ser un gobierno ni en el concepto de soberanía. El control Venezuela por un grupo de delincuencia organizada y la comisión diaria de delitos que tienen efecto en todo el mundo NO ES UN ASUNTO INTERNO de un estado porque está tipificado como UN ASUNTO DE CRIMEN ORGANIZADO transnacional y así debe ser tratado. Los efectos de los crímenes pueden verse simplemente con los miles de forzados migrantes venezolanos en Panamá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, España… ¡¿Continuarán los gobiernos sin atacar la causa!?

El Derecho Internacional está señalando el camino y los gobiernos de los estados democráticos de las Américas, hasta hace poco complacientes y ahora también víctimas del grupo de delincuencia organizada de Maduro, no pueden rehusar la aplicación de la Convención de Palermo abriendo investigaciones y causas en sus propios sistemas de justicia y requiriendo la captura internacional de los investigados, cuyos nombres deben comprender -por lo menos- a Nicolás Maduro, a los miembros de su denominado Gobierno, civiles y militares, y los componentes de la apócrifa Asamblea Constituyente convertida en el renovado instrumento de comisión de delitos.

Los gobiernos de los estados democráticos de las Américas y del mundo están ante la opción de cumplir su obligación de proteger a sus pueblos y a sus Estados abriendo investigaciones, procesando y capturando a los miembros del grupo de delincuencia organizada de Nicolás Maduro que usurpa hoy Venezuela (en lugar de tratarlo como igual), o convertirse en sus cómplices y seguir sufriendo las consecuencias que van desde las migraciones forzadas, el narcotráfico, el lavado de activos y más, hasta la desestabilización y el sostenimiento del terrorismo internacional.

Publicado por Diario las Américas el domingo 3 de septiembre, 2017

*Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor*

Comentario:

1. La ACTUAL Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,  como representante del Ministerio Público y SIN IMPORTAR la sintomática condición de asilada politica, o DÓNDE SE HALLE FISICAMENTE,  sigue siendo la titular ÚNICA de la acción penal en Venezuela y para Venezuela y el mundo. Hablo a nivel del Constitución y Leyes legitimas y Vigentes, no de “úkases imperiales” o  “legalidades fácticas o sobreimpuestas, propias de de los  golpes de estado”.

2. Es un hecho probado por notoriedad comunicacional a nivel mundial, que dicha Fiscal ha denunciado en forma calificada y pública, la pléyade de GRAVISIMOS DELITOS inherentes al ORDEN PUBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL, que son el fundamento que impulsa el ejercicio de la acción penal mediante dicha DENUNCIA, a reserva de la ACUSACIÓN FORMAL que también puede ejercer sucesiva o simultáneamente. Por tanto, cualquier Tribunal de los que dota de competencia la CONVENCIÓN DE PALERMO sobre delincuencia Organizada, puede abrir la investigación y el proceso formal, y establecer responsabilidades penales, si las hubiere. Si no se hace, no será por insuficiencia de normas ni de causales, requisitos o indicios y pruebas legales.

Resulta asombroso que nadie invoque la jurisprudencia o el antecedente del, para aquel momento, Senador chileno y portador de pasaporte diplomático, el ex dictador Augusto Pinochet, cuando fue detenido en Londres merced al auto acordado en España por el Juez Baltasar Garzón, en virtud del principio de la Justicia Universal. Pero que no haya sido aplicado a ningún otro denunciado o acusado por delitos semejantes pero de la globalmente protegida y encubierta tendencia política comunista. Asombra y extraña que la “justicia” alcance a unos y no a otros, con base a las mismas o semejantes denuncias, antecedentes y jurispridencias. En este caso quien realiza las denúncias es nada menos que la PERSEGUIDA pero UNICA TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL, POR DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO,  en Venezuela. Sin su participación imputativa o acusatoria, NADIE PUEDE EJERCER LA ACCIÓN PENAL o ser perseguidos, por delitos “de acción pública” o perseguibles de oficio,  EN VENEZUELA. Sin la participación del Ministerio Público, y ella es su única legitima y actual representante, el Estado carece de medio legal idóneo para incoar la acción penal, y por ende, para perseguir legalmente a nadie en Venezuela.  Hagan las deducciones, pues, en este caso, ni hay, ni caben suplencias.

3. Todos sospechamos de las razones políticas -que no jurídicas- que efectivamente rigen en el mundo, según el justiciable pertenezca o no a los intereses trasnacionales del comunismo global; pero ninguno puede ignorar la real consecuencia de la aplicación desigual, según los sujetos de que se trate y de los intereses que represente. Solo hay que imaginarse la hiperactividad persecutoria y propagandistica internacional que habría, si los criminales enquistados en el Poder en Venezuela, fuesen NO COMUNISTAS.

4. Esto lo fomentan y perciben, antes que nadie, los primeros interesados, porque pertenece a la esfera de su negocio local y global; y quizás por ello, el tremendo auge de la impunidad nacional e internacional que tanto asombra por sus deplorables contradicciones: tratados que no se cumplen y “cumplimientos” que no se tratan. El derecho del “poder” y la fuerza sigue privando y con mucha y progresiva diferencia, sobre la fuerza del Derecho. Y esa es la realidad, a pesar del incremento selectivo de la teatralidad “propagandada” que procura manipular los hechos y el derecho, en la medida de la globalización de las maffias y de los colosales negocios políticos mundiales, donde las ideologías y la compacticidad, determinación y energía de las asociaciones político-mafiosas, impiden ver la confusa realidad. Vivimos un estado de guerra, y las reglas básicas de ésta son las que tratan de y logran confundir un mundo que sucumbe, sin percatarse,  dentro de ellas.

5. Todo esto tiene una importancia suprema para la formación colectiva  de la verdadera convicción moral general,  nacional e internacional, actual o inminente. Y hace presagiar las consecuencias reales de los cambios nocivos en las volubles convicciones SOCIALES que hoy sustentan la precariedad del fenómeno del “MANDO”, DEL PODER Y DE LA AUTORIDAD LEGITIMA.

Esta es la siembra de vientos que rechinaremos en el futuro cercano y lejano, cuando estos vientos sean tempestades de mayor intensidad, incluso,  de la que hoy lamentamos profundamente, y que es la causa moral de este presente que hoy vivimos como  una insoportable, decadente, perversa y estressante cosecha cotidiana.

SA

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